|
El caso Noos ha puesto de manifiesto, entre otras muchas
cosas, que existía una manera relativamente sencilla y poco
controlable de trasvasar dinero público a manos privadas
cumpliendo con la legalidad y al margen de los contratos de
grandes obras públicas: las consultorías. Como esas otras
muchas cosas, el despilfarro en el que el Ejecutivo de Vivas
ha podido llegar a incurrir al contratar este tipo de
servicios externos era ya una sospecha compartida que en los
últimos meses se ha convertido en una interesante fuente de
investigación.
En este sentido, durante las próximas semanas me centraré en
investigar el dinero que la Ciudad Autónoma ha dedicado en
los últimos años a las consultorías externas, aunque sea una
tarea difícil debido a la opacidad habitual de nuestra
administración.
Creo que debería ser de cajón que los ciudadanos supieran
quién asesora al Gobierno de Vivas a la hora de tomar
decisiones, realizar proyectos, redactar informes, etc. No
olvidemos que se tratan de datos que son públicos, nada más.
Si el Gobierno no ofrece ni libera datos que deberían ser
públicos, ¿qué más remedio que hacernos con ellos, no?. Por
lo menos que se sepa qué empresas cobran por “ser
consultadas”.
El Ejecutivo de Vivas ha repartido y reparten dinero público
a espuertas bajo apariencia de legalidad, como en el caso de
Urdangarin. Se ha descubierto ese caso, pero cuántas
consultoras y otro tipo de empresas no habrán sido
favorecidas millonariamente sin que lo sepamos para hacer
trabajos de dudosa o nula utilidad a cargo del presupuesto
de la Ciudad, y sobre todo ¿quienes están detrás de esas
consultoras?
Consultorías a granel
El Tribunal de Cuentas denuncia en su último informe sobre
la gestión de las comunidades autónomas el grave descontrol
en la contratación pública, donde se cometen múltiples
ilegalidades que han dado lugar a graves casos de corrupción
que investigan todavía los tribunales de justicia. En este
sentido expone que “en contratos de consultoría, asistencia
o servicios, falta de justificación con un grado de
concreción razonable de la imposibilidad de ejecución de las
prestaciones con los medios personales o materiales propios
de las administraciones”.
Adjudicaciones a dedo
Aunque es un trabajo bastante extenso, ya que los contratos
son muchos en los últimos diez años, uno me ha llamado
especialmente la atención, en este caso relacionado con un
bufete de abogados, adjudicado a dedo y en vulneración de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP),
que supuestamente obligaba a convocar concurso público. Un
presunto caso de corrupción en las institución local.
Y es que hay familias en Ceuta que actúan como verdaderos
caciques, reparten los contratos públicos, recogen mordidas
varias y para lo importante hay que pasar por sus horcas
caudinas, pero nadie hace nada para evitarlo. Es el
caciquismo que maneja los boletines oficiales, porque se ha
convertido en el poder autonómico.
Lo que sabemos no es sino lo que quieren que sepamos, en el
entorno de la lucha de partidos e intereses. Nos utilizan en
una guerra que no es la nuestra, mientras nos suben los
consumos básicos, las tasas por hacer cualquier cosa y todo
tipo de impuestos.
Una vez tenga todos los datos, podré ver si algunos casos
son realmente llamativos o son solo casos aislados y
particulares. Lo que puedo asegurar es que los datos que ya
están en mi poder y los que estoy recopilando van a salir a
la luz. Después tocará ver si hay historias que contar.
|
OPINIÓN
/
ANALISIS
