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Los modificados de obras han sido una práctica habitual del
Gobierno de la Ciudad. En el último informe del Tribunal de
Cuentas, referido al período de 2008 y 2009, se alude a
algunos:
La rehabilitación de las obras del acuartelamiento del
Teniente Ruiz (el nuevo campus universitario) que comenzó en
los 25.054.766 euros y se incrementó en 2 millones de euros
más, cantidad muy respetable, ya que suponen más 300
millones de las antiguas pesetas de diferencia, entre lo
licitado con la conclusión de las obras, es decir, un
cálculo “catastrófico”.
En 2008, también hubo 3 contratos modificados más
tramitados: el proyecto modificado de la Manzana del
Revellín, un verdadero pozo sin fondo en cuestión económica
y del que se habló en Pleno que podría llevar al
Ayuntamiento a la quiebra técnica de tanto dinero que
costaba,
Otro modificado fue el referido al edificio destinado a
pabellón cubierto en el Recintor Sur, es decir, el pabellón
Guillermo Molina con piscina climatizada y pista
polideportiva y con un contrato primitivo de 3.478.183
euros. Otro modificado de contrato de obras fue la
construcción de 86 viviendas de VPO en la falda del Monte
Hacho (Europan V) con un precio de adjudicación de
10.664.500 euros.
Todos estos modificados referidos a la anualidad de 2008
pero es que el Plan Aparca ha tenido varios modificados y la
mismísima Manzana del Revellín, pasó de 29 millones de euros
a un total de 55 millones en 6 años. Siempre teniendo en
cuenta que se tratan de datos de 2008/2009. Un despilfarro
económico o un craso error de cálculo que se ha pagado con
los impuestos de todos los ceutíes y, siempre sobrevolando
en estas cantidades un cierto “tufillo” a oscurantismo
económico.
Las demoras no justificadas, las ampliaciones de obras, los
modificados y las reformas y todo ese corolario de
actuaciones, son producto del ‘germen de la corrupción’, y
podrían tratarse en artimañas para camuflar las “mordidas”
donde ancha es Castilla y se encarecen los proyectos.
No se olvide que el sector de la construcción es el más
caracterizado por la corrupción y el dinero negro. Un hecho
constatado a nivel nacional y cuyas ramificaciones en Ceuta
no puede ser una excepción, porque aunque seamos una isla
energética de momento, a efectos de adjudicaciones de obras
la situación de las empresas con origen nacional también se
extienden en nuestros 19 kilómetros cuadrados.
“Pay-to-play”
En este sentido y según la Ley, los partidos políticos no
pueden recibir donaciones de empresas privadas que, mediante
contrato vigente, sean contratistas de la Administración.
Pero ¿se podría demostrar la existencia de aportaciones de
empresas privadas al Partido Popular de Ceuta canalizadas de
variadas formas? Y si se demostrara su existencia, ¿podrían
cruzarse fechas de los supuestos pagos al PP con la
información relativa a los contratos públicos que recibieron
esas empresas?
Sin duda alguna, estos temas son inquietantes y tendrán que
ser revisados cuidadosamente.
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OPINIÓN
/
ANALISIS
