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La reciente polémica entre los
sindicatos y la Ciudad Autónoma de Ceuta a resultas de la
agresión a una empleada del nuevo Centro de Menores de Hadu,
ha puesto sobre el tapete un difícil asunto: de un lado, la
tutela de los MENA, siguiendo los preceptos legales
establecidos y, de otro, la incuestionable seguridad de
quienes prestan allí sus servicios y no tienen porqué poner
en peligro su integridad física. Conciliar ambas cuestiones
y matizarlas, no puede ser nunca motivo de conflicto de
intereses porque, los derechos de unos acaban donde empiezan
los de los otros. Y no es cuestión de invadir nada ni en uno
ni en otro sentido.
Cuando hay conflicto, lo mejor es abordarlo y plantear las
soluciones, como una práctica habitual, en vez de tratar de
ocultar una realidad, con una información que se quiere
silenciar por parte de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ante una
situación que trasciende más allá de los ámbitos de lo
“políticamente correcto” y entra en el de lo estrictamente
necesario: la seguridad de las personas, establecer unas
normas de seguridad mínimanente eficaces y, especialmente,
que los MENA no se crean con la potestad de sembrar el
terror o establecer un libertinaje mal entendido, por unas
leyes proteccionistas que se les aplican.
La polémica surgida por la agresión a una trabajadora, el
último episodio y el más reciente, ha de representar más que
un desencuentro sindicatos-Ciudad, un punto de inflexión
para reconducir una situación a la que no se le puede poner
sordina ni disimulos, porque si hoy es éste el problema,
mañana puede surgir otro más grave. Afrontar la realidad con
la terapia adecuada y, a ser posible, urgente es básico.
Otra actitud sería agravar un asunto que no puede ni debe
repetirse.
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OPINIÓN / EDITORIAL
