El menor de once años que agredió el pasado sábado a una
trabajadora del albergue de Hadú y que presenta un trastorno
de personalidad se encuentra fugado desde el mismo día de la
agresión y en paradero desconocido, tal y como pudo saber
ayer EL PUEBLO. Mientras tanto desde UGT se ha mostrado el
malestar que ha generado el comunicado emitido el lunes por
la Ciudad en el que “no se ha tenido ninguna palabra de
aliento hacia los trabajadores agredidos y sin embargo
defienden a estos presuntos agresores”.
Parece que el caso de la agresión a la trabajadora del
albergue de Hadú por un menor del centro de once años de
edad continúa complicándose ya que tal y como pudo saber
ayer EL PUEBLO según el testimonio de algunas fuentes
cercanas a las trabajadoras, este menor que agredió a la
trabajadora se fugó el mismo día de la agresión y aún
continúa en paradero desconocido.
Tal y como ha podido saber este diario según fuentes
consultadas, cuando los hechos se produjeron, otros menores
intervinieron en defensa de la trabajadora, siendo ellos los
que la liberaron de las manos del agresor.
A la trabajadora se le tuvo que suministrar “dos valerianas”
para serenar su estado de nerviosismo a la vez que desde la
dirección del centro se decidió que el menor, al tratarse de
un joven que viene presentando trastornos de personalidad,
debía ser trasladado al psiquiatra para que le realizara un
estudio. Sin embargo, en el instante de proceder a dicho
traslado el personal del Centro de Menores se percató que el
menor agresor había desaparecido, considerando pues que se
había fugado del centro sin dejar rastro alguno de su
paradero.
A este respecto, tal y como también ha podido saber EL
PUEBLO la agresión se produjo al mediodía, precisamente en
el mismo momento en el que el vigilante se encontraba
ausente ya que se había marchado a comer. Todo este
incidente ha llevado a la Ciudad Autónoma a abrir un
expediente informativo para aclarar los hechos ocurridos, a
la vez que fuentes de la Administración ya han resaltado que
“no va a ser posible poner celadores como pedían los
sindicatos aunque sí aumentar la dotación de policía local”.
Hay que recordar que en la actualidad el albergue de Hadú
tiene alojados a un total de 90 menores de los cuales 9
están en régimen de reforma al ser los más problemáticos.
Por su parte, José Mata, representante de UGT en la Ciudad
Autónoma de Ceuta, manifestó ayer sentirse “avergonzado” por
el comunicado de prensa emitido por la Administración local
sobre la denuncia que públicamente realizó UGT sobre las
agresiones que vienen sufriendo diversas trabajadoras de los
centros de menores por estos jóvenes.
Mata, quien insinuó que “ya está tardando la Ciudad en ir a
los tribunales si piensa que hay alguna responsabilidad
legal en las declaraciones que hicimos ayer”, se refirió que
el comunicado emitido por el Ejecutivo local “no tiene nada
que ver a la conversación que ayer por la mañana mantuvimos
con el presidente Vivas y en la que se coincidió que estas
agresiones tienen que acabar”.
“Aquí la Ciudad se pone de parte de unos menores que
supuestamente agreden a los trabajadores y no dedica ni una
palabra de aliento a los agredidos. Con este comunicado ha
quedado muy clara cual es la línea de este Gobierno”,
manifestaba sensiblemente enojado Mata a EL PUEBLO.
El ugetista resaltaba que durante el encuentro mantenido con
el presidente de la Ciudad, y en la que estuvieron presentes
representantes de Bomberos, el centro de menores y de
Recursos Humanos, todo era rechazo y apoyo a los
trabajadores, “excepto por la responsable del área de
Menores, quien quería llevar el asunto hasta la normalidad,
pero que le den una paliza a alguien no es algo normal”,
insistía Mata quien también se refirió a los gestos de
cariño y comprensión que el jefe del Ejecutivo Local tuvo
hacia las trabajadoras agredidas durante la reunión.
Para desmontar lo defendido desde la Ciudad Autónoma, Mata
aseguró que no se trata de un caso puntual y ocasionado tan
sólo por un menor de once años, tal y como recoge el
comunicado de prensa, y dio a conocer a EL PUEBLO que ayer
mismo tuvo constancia de que “una trabajadora presentó una
denuncia en Comisaría hace unos meses al ser increpada y
golpeada con violencia tanto ella como su hija, en pleno
centro de la ciudad, por dos menores del Albergue de Hadú,
aunque esta fue archivada por no encontrarse en edad penal
los dos menores que intervinieron en la agresión”,
corroborándose en todo lo que expuso el pasado lunes en la
rueda de prensa ofrecida por esta “lamentable situación que
están viviendo los trabajadores de los centros de menores”.
“El Gobierno parece que quiere que ante estos casos lo mejor
es callarse y no lo va a conseguir. Si quiere ir a los
juzgados que lo haga y quizás salgan muchas más cosas. Ahora
estaremos más pendientes de lo que hemos estado en el área
de menores para que todo lo que se ha ocultado salga a la
luz. No hay derecho que estos trabajadores vivan en este
estado de estrés y terror”, concluyó Mata.
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Caballas insta al Gobierno a resolver esta “caótica”
situación
Caballas emitió ayer un comunicado
de prensa en el que resalta que la coalición viene
reclamando con insistencia, “una mayor atención del Gobierno
de la Ciudad al área de Menores”. “Se trata de una
competencia exclusiva de la Ciudad de enorme complejidad,
que es preciso dotar de medios materiales y recursos humanos
suficientes”, resalta caballa en su comunicado, al mismo
tiempo que manifiesta que “el Gobierno de la Ciudad no se
toma en serio la política de menores” y que todos los
servicios están dotados de plantillas “muy inferiores” a las
necesarias. Entre las quejas formuladas, Caballas manifiesta
que “la movilidad de los trabajadores es caprichosa y
arbitraria, y obedece más a favores políticos que a
criterios profesionales”. Para Caballas “la precariedad en
el empleo rebasa todos los límites comprensibles” y recuerda
que en el centro de Punta Blanca sólo hay un funcionario. La
coalición ha advertido a la Ciudad Autónoma que “no se
pueden desvincular los problemas que se están produciendo de
esta lamentable realidad” y al mismo tiempo ha instado al
Gobierno a que “resuelva de manera definitiva esta caótica
situación poniendo en marcha un conjunto de medidas que
doten a este servicio del nivel de calidad exigible a una
administración moderna y competente.
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