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La privatización del Registro Civil que quiere llevar a
cabo el Gobierno no ha sido bien acogida por los
registradores de la Propiedad, a los que quieren trasladarle
el servicio que hasta ahora ha sido gratuito y público. Para
mostrar su rechazo, los registradores han convocado una
Asamblea General entre el 16 y el 18 de abril para debatir
la reforma del Registro Civil. Por su parte, el registrador
de Ceuta ha mostrado su rechazo a gestionar este servicio,
que entiende que debe “controlar el Estado” dado su carácter
público. “Los registradores ni hemos pedido asumir el
servicio ni lo queremos”, asegura.
Los registradores ni han pedido asumir el servicio del
Registro Civil ni lo quieren, y así lo traslada el
registrador de la propiedad en Ceuta, Enrique De Elera-San
Miguel. Durante los últimos meses se ha escrito mucho sobre
la privatización del Registro Civil y la intención del
Gobierno de pasar esta gestión a los Registros de la
Propiedad, pero desde el gremio, aunque se les ha acusado de
tener intereses privados en este cambio, se muestran
contrarios a la reforma que quiere realizar el ministro de
Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
Para el registrador de Ceuta lo único que tienen en común
ambos servicios es que los dos empiezan por registro. De
Elera-San Miguel aclara que el Registro Civil, donde es
obligatorio inscribirse, protege un interés del Estado, que
necesita saber quién nace o muere, o por ejemplo cuál es la
situación civil de una persona, ya que hay muchas
prestaciones que dependen de estos datos. Sin embargo, el de
la Propiedad preserva intereses privados de los
propietarios. La función de los registradores es asegurarse
de que la inscripción de un bien inmueble es correcta, ya
que esta se convierte en la “verdad oficial” y, por tanto,
quien aparezca como propietario lo es a efectos legales con
sus derechos y obligaciones.
“Lo que aparece en el registro es una verdad oficial y se
presume totalmente exacta. Por tanto, la persona que quiere
hacer un negocio sobre un bien inmueble tiene que remitirse
a él”, señala De Elera-San Miguel. No obstante, la
inscripción es voluntaria y nadie está obligado a pasar por
el Registro de la Propiedad, “quien lo hace es porque está
mejor dentro que fuera”, puntualiza el registrador.
Tarifas más altas
A diferencia del Registro Civil, el de la Propiedad no
depende de los Presupuestos del Estado. “Normalmente una
persona se compra una casa en su vida y no puede pagar
permanentemente por un servicio que usan quienes tienen
negocios relacionados con el sector inmobiliario, y que
pueden hacer 200 inscripciones en un año”, manifiesta De
Elera-San Miguel para quien no tiene sentido que
precisamente a estos ciudadanos que inscriben una vez en la
vida una vivienda tengan que asumir también los costes del
Registro Civil.
Si finalmente los registradores asumen este servicio, el
proyecto de ley que recoge la reforma plantea una subida de
los aranceles por registrar una propiedad para compensar el
coste de las inscripciones que se hacen en el Registro
Civil, y cuyo coste anual se cifra entre los 350 y 500
millones de euros. “No se puede cobrar a nadie por nacer y
por morirse, y el 95% de los actos que se registran son de
inscripción obligatoria”, apunta De Elera-San Miguel. Por su
parte, el Gobierno ha mostrado su intención de que la
mayoría de las inscripciones del Registro Civil sigan siendo
gratuitas.
El registrador explica cómo el traspaso del Registro Civil
al de la Propiedad afectaría sobre todo en ciudades
fronterizas como Ceuta, donde se da la dificultad añadida de
que el registrador pasaría a ser el responsable de
autorizar, por ejemplo, matrimonios entre un ciudadano
español y otro extranjero, u otorgar una nacionalidad. En la
actualidad es el juez adscrito al Registro Civil el que se
encarga de este cometido y la autoridad judicial tiene la
potestad para investigar si este tipo de matrimonios pueden
ser de conveniencia, pero un registrador no la tiene.
Inversión privada
En el plano práctico, asumir las funciones del Registro
Civil supone un cambio radical para los registradores, que
se verían obligados a contratar más personal y a tener
medidas de seguridad. De Elera-San Miguel explica que, como
mínimo, tendría que emplear a dos personas del Registro
Civil para no empezar el servicio desde cero; un par de
vigilantes de seguridad, y un traductor de dariya. Además de
contar con un local habilitado para atender a la cantidad de
personas que cada día acuden al Registro Civil.
Para De Elera-San Miguel, el Anteproyecto de Ley de Reforma
Integral de los Registros no busca el interés general. Por
su parte, los registradores han convocado la segunda
Asamblea General que tendrá lugar en los más de 150 años de
historia de este cuerpo para mostrar su rechazo a asumir la
gestión del Registro Civil, y que se celebrará entre el 16 y
el 18 de abril. “Hay muchos otros funcionarios que pueden
llevar este servicio”, asegura el registrador para añadir:
“Por la naturaleza del Registro Civil y por las funciones
que desempeña, es una materia que debe controlar el Estado.
No se puede privatizar y si al final se opta por ese camino
lo pagará el ciudadano”.
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