El informe emitido por el Tribunal
de Cuentas sobre la política financiera de la Ciudad durante
los ejercicios 2008-09, ofrece, como suele ocurrir en estos
casos, una doble versión según provenga del Gobierno
fiscalizado o de la oposición fiscalizadora de la acción de
Gobierno. Una doble vara de medir que nos sitúa en percibir
si la botella está medio llena o medio vacía. Para el
portavoz del Gobierno, como el informe data de hace cuatro
años, argumenta que las recomendaciones ya se han puesto en
práctica y para el PSOE representa una mala gestión contable
que simula la Cueva de Alí Babá porque “nadie sabía que
había, ni qué entraba, ni cómo o para qué entraba” en
opinión de Gaspar Zarrías.
El PSOE referencia las irregularidades que expuso en 2004 y
2007 y ahora alude a siete supuestos de indicios de
responsabilidad contable y de dos hechos que pudieran ser
constitutivos de responsabilidad penal por adjudicaciones de
contratos y tramitación en modificado de obras en la Manzana
del Revellín. No hablamos de asuntos nimios y sí de posible
intervención del Ministerio Fiscal. Las cuentas públicas en
algunos momentos han estado bajo sospecha y siempre, el
Tribunal de Cuentas aprecia “desajustes” que,
indefectiblemente, el Gobierno se afana en advertir que ya
ha puesto en práctica las recomendaciones. No hay informe en
el que el Tribunal de Cuentas no advierta de algún
procedimiento mal ejecutado o la fórmula de proceder errónea
cuando la normativa al efecto, no debería dar lugar a tantas
llamadas de atención que no son técnicas, sino alusivas a
conductas poco adecuadas en las ofertas de importantes
concursos públicos.
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