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El portavoz del Gobierno local, Guillermo Martínez,
valoró ayer de forma “somera” el informe del Tribunal de
Cuentas de la Ciudad de los ejercicios 2008 y 2009 y aseguró
que muchas de las recomendaciones ya se han puesto en
marcha. En relación a la deuda de las empresas municipales,
que según el TC ascendía en aquellos años a 82 millones de
euros, el también consejero de Hacienda, Economía y Recursos
Humanos afirmó que la “subsistencia” de las mismas se debe a
“subvenciones”, ya que “no son de mercado y no tienen
ingresos propios”, aunque sí anuncia que se trabajará para
que no sean “deficitarias”.
El portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez, valoró ayer,
aunque de forma “somera”, el informe del Tribunal de Cuentas
sobre los ejercicios 2008 y 2009 que se remitió a la Ciudad
el “pasado miércoles”. A pesar de que “no se haya hecho un
análisis exahustivo de todo el informe”, el también
consejero de Hacienda, Economía y Recursos Humanos, valora
este documento, al cual tuvo acceso EL PUEBLO ayer en
exclusiva, como una “crítica constructiva con una serie de
recomendaciones y conclusiones y que en alguno de los casos
ya se están llevando a cabo y que en otros, evidentemente,
se intentará hacer lo posible para ponerlos en marcha cuanto
antes”.
Martínez resumió ayer algunos de los puntos que se mencionan
en el texto. Por un lado, en el ámbito de las sociedades
municipales, el Tribunal establece la situación “deficitaria
de muchas de ellas”. “Es una cuestión que todos conocemos,
puesto que hay sociedades que no son de mercado, es decir,
que no tienen ingresos propios como es el caso de Procesa,
Servicios Turísticos u Obimace”, a diferencia de Acemsa o
Amgevicesa. “La subsistencia de esas empresas se basa en
subvenciones y transferencias de la Ciudad”, continuó
Martínez. De ahí que el TC “recomiende, en la medida de lo
posible, que se intente revertir esa situación deficitaria
de las sociedades mercantiles” -en el informe se habla de
una deuda de 82 millones-. El portavoz afirmó que, “en ese
proceso de reestructuración del sector público empresarial
se está trabajando, no sólo para atender las recomendaciones
del TC, sino para buscar la estabilidad presupuestaria”.
Mesas de Contratación
Por otro lado, en cuanto a la Contratación se refiere, el
Tribunal establece “el hecho de que los contratos de
emergencia se ciñan de forma exclusiva a cuestiones
meramente de emergencia y no lleven a actuaciones
colaterales”. El portavoz se defendió de esta indicación
argumentando que la Ciudad “en los dos últimos años no ha
contratado por emergencia ningún expediente”.
También se establece en este ámbito que los criterios de
valoración “no estaban suficientemente trasparentados y que
se dejaba un poco al criterio de la Mesa de Contratación las
valoraciones de las ofertas”. Martínez aseguró que esta
cuestión también está “subsanada” y puso como ejemplo el
contrato del servicio de limpieza viaria y recogida de
residuos, en el que se ha aplicado una “tabla matemática”.
Inventario del Patrimonio
El Tribunal se refiere además a las “bajas temerarias, a la
exclusión que se pudiera llevar a cabo en la licitación en
estos dos años de algunas ofertas que se presentaban a los
concursos públicos que estaban por debajo del 20% del precio
de licitación”. Así, el TC recomienda que hay que estudiar
“si la prestación de servicios se pudiera cumplir incluso
con una baja por debajo del 20%”, a lo que Martínez
respondió que la Ciudad ya lleva “meses” aplicando este
criterio.
Por otra parte, el documento, “con razón”, critica que el
inventario del Patrimonio de la Ciudad esté “desfasado”.
“Aquí no nos queda más remedio que reconocer la razón del
Tribunal y se intentará rectificar”, afirmó.
También establece el TC la “necesidad” de la creación de una
Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Martínez recordó que
la Mesa de Negociación del próximo lunes tratará la puesta
en marcha de la misma.
En el año 2009 se estableció un Plan de Saneamiento en base
al Instituto de Crédito Oficial (ICO). El Tribunal establece
que los datos “no son los que la realidad ha ido llevando,
algo que es cierto”, aunque el portavoz recordó que en estos
momentos la Ciudad “se encuentra en un Plan de Estabilidad
nuevo que empezó en 2012”.
Por último, en el ámbito de las subvenciones se establece
que “en algunas ocasiones no está del todo justificada la
relación de gastos y se exige, algo que estamos aplicando,
un mayor desglose de gastos”, apostilló.
El informe del TC “no trata de una fiscalización especial” y
“es un motivo de satisfacción para el Gobierno el hecho de
que esta Administración sea auditada y fiscalizada todos los
años por el Tribunal; esta es una fiscalización ordinaria
como se hacen en todas y cada una de las administraciones”,
argumentó.
“Poco margen político”
Para Martínez, el texto trata “fundamentalmente de criterios
de política financiera, sobre la contabilización o no en un
momento dado de determinados gastos o deudas con acreedores
que pudiera tener esta Administración”. “Es un criterio
contable, de discusión técnica entre los servicios de
Intervención de la Ciudad y los servicios técnicos del
Tribunal de Cuentas”, continuó, que aseguró que en el
documento existe “poco margen político: no hay ninguna
voluntad política en decir a los técnicos contables de la
Ciudad cómo tienen que contabilizar los ingresos y los
gastos, es una cuestión meramente técnica”, insistió.
Por último, el portavoz anunció que el próximo martes, prevé
comparecer ante los medios de comunicación para dar cuenta
de este informe y de las recomendaciones y conclusiones del
TC de forma más “exahustiva”.
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Martínez a Zarrías: “No existen indicios en el informe
acerca de responsabilidades penales o contables”
El informe del Tribunal de Cuentas
sobre los ejercicios 2008 y 2009 en la Ciudad trata de
discusiones fundamentalmente de carácter técnico y
administrativo”. “Pese a que el señor Zarrías (PSOE) haya
comentado que existen indicios de responsabilidad contable o
penal, salvo un mayor estudio exahustivo, desde los
servicios de Intervención no se detecta en el documento
ninguna de las aseveraciones a las que ha hecho alusión
Zarrías”, afirmó Guillermo Martínez. “No existe ningún tipo
de referencia a la existencia de ningún tipo de actividad
que incurra en responsabilidad contable ni mucho menos en un
ilícito penal; sorprenden las declaraciones del señor
Zarrías”. Palabras que, según el también consejero de
Hacienda, Economía y Recursos Humanos, el diputado
socialista “viene haciendo de manera sucesiva”. “Nunca se ha
incurrido en ningún ilícito penal como consecuencia de un
informe del TC y tampoco contables, más allá del caso
abierto de la gerente de Obimasa y los cobros por asistir a
los Consejos de Administración”.
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