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economía - VIERNES, 5 DE ABRIL DE 2013


asamblea de ceuta. archivo.

tribunal de cuentas
 

El TC cifra en casi 82 millones la deuda de las empresas municipales en 2009

También señala “deficiencias relevantes de índole contable” y que no existe información sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria sobre los ejercicios 2008 y 2009

CEUTA
Patricia Gardeu

ceuta
@elpueblodeceuta.com

El informe del Tribunal de Cuentas cifra en casi 82 millones la deuda de las empresas municipales al cierre del ejercicio 2009. Señala también “deficiencias relevantes de índole contable” y que no existe información sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria sobre los ejercicios 2008 y 2009.

El informe anual de la ciudad autónoma de Ceuta relativo a los ejercicios 2008 y 2009, al que EL PUEBLO ha tenido acceso, cifra en 81.873.000 euros el endeudamiento financiero de las empresas municipales de la ciudad al cierre del ejercicio 2009. El endeudamiento de la Administración General fue de más de 85 millones y medio de euros en 2008, y de más de 142 millones en 2009, por lo que, según señala el Tribunal de Cuentas, se habría incumplido el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 6 de marzo de 2003, que establecía que “el saldo vivo al cierre de cada ejercicio fuera, como máximo, igual al del año anterior”.

El informe del Tribunal de Cuentas señala también “deficiencias relevantes de índole contable” relativa a esos ejercicios, como son: “valoración del inmovilizado sobrevalorada por errores de contabilización de diversa naturaleza; ausencia de dotaciones a la amortización; ausencia de registro de gastos derivados de compromisos adquiridos relativos a ejercicios futuros, o la existencia de gastos devengados pero contabilizados en ejercicios posteriores”.

Gaspar Zarrías, secretario federal de Ciudades y Política Municipal y diputado de referencia del Partido Socialista para Ceuta en el Congreso de los Diputados, tiene previsto visitar hoy Ceuta para presentar este informe y dar a conocer esta situación financiera, del mismo modo que ha hecho con los informes del Tribunal de Cuentas precedentes.

Además, durante su visita a Ceuta, el socialista se reunirá con responsables de la Confederación de Empresarios -presidida por Rafael Montero Ávalos- y de la Cámara de Comercio, al frente de Karim Bulaix. Del mismo modo se reunirá con la militancia ceutí.

Otro de los asuntos que abordará Zarrías y que recoge el informe del Tribunal de Cuentas es que no existe información alguna en la práctica sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria por parte de la ciudad autónoma, igual que sucediera en Melilla.

El informe del Tribunal de Cuentas aprecia hasta siete supuestos de indicios de responsabilidad contable relacionados con deficiencias en la justificación del destino dado a los fondos procedentes de la enajenación de Pandita, S.L. -una guardería-, sin que se informe en el proyecto acerca de si está justificado o no, y con la falta de imposición de penalidades por incumplimientos de los contratistas, con deficiencias en la justificación de las prestaciones contratadas y con la justificación del pago del precio de un contrato.

Indicios de responsabilidad

Otros indicios de responsabilidad contable que se señalan en el informe son que en el área de subvenciones no existe realización de control financiero alguno por parte de la Intervención General de la ciudad autónoma. Aunque -señala- no existe constancia de que esta falta de información suponga ni un perjuicio para el Tesoro de la Ciudad, ni lo contrario.

La Abogacía del Estado también manifiesta estos indicios en la “sobrevaloración de las obligaciones reconocidas por no haberse deducido presupuestariamente una penalización a un contratista -que se cifra en 297.000 de euros-, y que tal y como está redactado el Proyecto parece tratarse de una deficiencia de índole contable que no produce perjuicio económico alguno, puesto que el proyecto no dice que no se haya producido el descuento”.

El informe también señala que se podría haber producido un pago duplicado al incluir de manera indebida honorarios de dirección facultativa en una certificación de obra, cifrado en 90.489 euros.
 

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