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El robo de equipamientos metálicos
de la ciudad a cargo de los “cacos” que nos llegan del
vecino país es una demostración evidente de la delincuencia
de “importación” que sufrimos, no ya por la presión
migratoria, sino por la pobreza de un vecino que lleva a una
serie de individuos a cruzar la frontera del Tarajal para
robar equipamientos públicos, cuya reposición cuesta más de
100.000 euros al año. El hecho con ser alarmante, deja
también al descubierto que los registros que habían de
efectuarse en la frontera no son lo eficaces que sería de
desear, ya que se trata de piezas pesadas que no pueden
transportarse en una simple mochila y cuyo volúmen tampoco
es disimulable.
El testimonio que nos dejan esos ceutíes alarmados de
encontrar en una gasolinera del vecino país piezas de una
gama muy variada robadas de nuestras calles, es un
“descubrimiento” del tipo de personajes que a diario cruzan
la frontera, no para hacer turismo precisamente ni para
trabajar, sino para delinquir. Un hecho que justifica la
postura de Delegación del Gobierno cuando se aludía a hacer
compatible la fluidez en la frontera con la seguridad. No
puede haber “carta blanca” para transitar por el paso
fronterizo a la vista de estos hechos que dejan la evidencia
de una “actividad” intensa de los amigos de lo ajeno. Se
imponen mayores registros a vehículos marroquíes que
pudieran servir de cobertura a los delincuentes, que no
tienen el menor recato de robar bolardos de nuestras calles,
bloques de hormigón, vallas metálicas, rampas metálicas de
acceso y luego exponerlos para su venta. Las pruebas son una
demostración de que hay cuestiones por resolver en materia
de seguridad y vigilancia. Nuestro mobiliario urbano no
puede servir como proveedor a mercadillos marroquíes.
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OPINIÓN / EDITORIAL
