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El siniestro registrado en el
colegio público Ortega y Gasset donde se incendió un
almacén, ha sido el penúltimo sobresalto en la oleada de
acciones delictivas contra colegios públicos, como si
existiese una “mano negra” dispuesta a desestabilizar los
centros escolares de formación con un oculto propósito. No
se explica de otra forma que, cuando no son robos de
ordenadores se trate de otro tipo de acciones punibles y, en
este último episodio, un incendio que pudiera ser provocado
con consecuencias que podrían afectar a los escolares en
cuanto a su reincorporación a clase tras las vacaciones.
Pudiera darse el caso de que elementos desestibilizadores
pretendieran situar el foco de sus actuaciones en los
centros escolares. Unos lugares que, por la propia esencia
de cuanto representan e imparten, deberían merecer el mínimo
respeto exigible a su función social. Sin embargo, parece
que “alguien” está empeñado en promover acciones delictivas,
escondido en el anonimato y con el simple objetivo de hacer
daño.
No se entiende, nada mas que desde una mente enferma, este
tipo de conductas antisociales, tipificadas en el Código
Penal y para las que la concienciación social es básica.
Vivir en una sociedad democrática entraña derechos y también
deberes; entre estos, el del respeto a la colectividad y a
las normas cívicas que hay que contemplar para que luego,
repercutan en uno mismo. Provocar situaciones de robos,
incendios, y demás algaradas con la cobardía de esconderse
en el anonimato, lleva a unos horizontes que no son los
propios en una sociedad civilizada, en la que los elementos
subversivos no tienen cabida. Ya no hablamos de casualidad;
hay que referirse a muchas coincidencias.
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OPINIÓN / EDITORIAL
