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El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley
sobre Medidas en materia de participaciones preferentes con
dos grandes novedades:
- Se crea una Comisión de Seguimiento que establecerá
claramente los criterios gracias a los que los afectados
podrán acogerse al proceso de arbitraje y resolver su
problema.
- Los bancos aportarán hasta 2.000 millones de euros en
concepto de derrama extraordinaria al Fondo de Garantía de
Depósitos para que éste pueda pagar las acciones que
resulten de los canjes que hagan los afectados por entidades
nacionalizadas (Novagalicia y Catalunya Banc, ya que Bankia
cotiza en bolsa y se conoce el valor de sus acciones).
El Gobierno del PP continúa avanzando en las medidas
destinadas a resolver el problema de las preferentes y de
otro tipo de productos financieros complejos. El Ejecutivo
quiere aportar una solución real para más de 300.000
personas, que son las afectadas por esta situación. El
Gobierno popular demuestra su compromiso e implicación en un
problema heredado de gobiernos socialistas. No en vano, la
mayor parte de la colocación de estos productos financieros
de alto riesgo se produjo en los años 2008 y 2009.
Las preferentes o deuda subordinada existen en todo el mundo
y no son ilegales. La diferencia con España es que aquí se
comercializaron de forma masiva a clientes particulares,
cuando se trata de un producto destinado a inversores
especializados o los llamados inversores institucionales.
El Gobierno del PP ya tomó medidas para que este problema no
se vuelva a producir en España y, a finales de verano,
aprobó una nueva normativa que limitaba la venta de
preferentes a inversores especializados o con la máxima
transparencia en su negociación. Al mismo tiempo, se
habilitaron los procesos para la resolución de los problemas
derivados de la colocación masiva de estos productos
complejos en la mayoría de las entidades. La solución
aplicada entonces a los preferentistas (y que se culmina
hoy) se basa en las exigencias recogidas en el Memorando de
Entendimiento que España y Bruselas firmaron tras la
concesión de la ayuda para la recapitalización bancaria.
Ahora, el Gobierno ha completado aquel primer paquete de
medidas con las particularidades de las entidades
nacionalizadas. A saber: el decreto de hoy resuelve los
problemas pendientes en Bankia, Novagalicia y Catalunya Banc.
Detalles del decreto
En primer lugar, la nueva Comisión de Seguimiento de los
procesos de arbitraje tiene como objetivo analizar y evaluar
los procedimientos en las entidades que han recibido apoyo
público.
Las funciones de la Comisión son las siguientes:
- El análisis de los factores que han motivado la
presentación de las reclamaciones judiciales y
extrajudiciales.
- La remisión con carácter trimestral de un informe al
Congreso de los Diputados sobre los elementos fundamentales
de las reclamaciones.
- En su caso, la elevación de propuestas a las autoridades
competentes para mejorar la protección del inversor en la
comercialización de este tipo de productos.
- Determinación de los criterios básicos que habrán de
emplear las entidades participadas por el FROB con el fin de
ofrecer a sus clientes el sometimiento a arbitraje. La
Comisión especificará los criterios para designar al
colectivo de clientes cuyas reclamaciones, en atención a la
especial dificultad de sus circunstancias personales o
familiares, deberán recibir una tramitación prioritaria por
parte de las entidades nacionalizadas. La Comisión
trasladará estos criterios al Fondo, que dará las
instrucciones necesarias para que sus entidades participadas
los adopten. La Comisión acordará estos criterios en su
reunión constitutiva y podrá revisarlos trimestralmente.
El Gobierno ha articulado además un mecanismo de provisión
de liquidez para el Fondo de Garantía de Depósitos y que
éste pueda adquirir acciones de entidades nacionalizadas.
Antes de eso, se habrá producido el canje de preferentes por
capital de las entidades (el FROB anunció ayer las
condiciones de esos canjes) nacionalizadas. Una vez
culminadas las operaciones de canje, el Gobierno considera
esencial ofrecer la posibilidad de obtener liquidez a los
tenedores de acciones en el caso de Catalunya Banc (CX) y
Nova Galicia Banco (NCG), puesto que estas entidades no
cotizan en mercados secundarios ni está previsto que lo
hagan a medio plazo (como si pasa en Bankia, donde sus
preferentistas sí conocen el valor de sus acciones).
Es decir, al ciudadano que tuviera preferentes se le da la
posibilidad de recuperar parte de su dinero en forma de
acciones de la entidad. Luego, puede vender esas acciones,
bien en bolsa (Bankia) o al Fondo (CX y NCG), tal y como se
ha aprobado hoy.
En definitiva, el Real Decreto Ley contiene una disposición
por la que se dota al Fondo de Garantía de Depósitos de
capacidad legal para adquirir las acciones no cotizadas que
resulten de la conversión de instrumentos híbridos de
capital (preferentes) y deuda subordinada.
Además, el Fondo adquirirá de forma preferente las acciones
de aquellos clientes de la entidad que se encuentren en una
situación de especial dificultad por sus circunstancias
personales y familiares, de acuerdo con los criterios que
fije la Comisión de Arbitraje. Se capacita también al Fondo
de Garantía de Depósitos para suscribir acciones o deuda de
la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la
Reestructuración Bancaria (Sareb), de modo que pueda
colaborar con el FROB en la financiación de este
instrumento.Con el objeto de mantener una posición
patrimonial saneada del Fondo de Garantía de Depósitos, se
establece una contribución especial de toda la banca a dicho
fondo distribuida en tramos de un tres por 1000 sobre los
depósitos computables.
En total, Economía calcula que los bancos aportarán entre
1.500 y 2.000 millones para esta derrama (habrá ventajas
para las entidades que forman parte del Sareb)
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OPINIÓN
/
COMUNICADO
