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La huelga que protagonizaron los
35 trabajadores de la empresa de ambulancias MP es la
consecuencia de un conflicto casi permanente que se remonta
a los dos últimos años, en los que los desencuentros
laborales y empresariales han sido una constante con un
denominador común: el incumplimiento en el pago de las
nóminas. Un servicio que, desde Delegación del Gobierno se
prometió tutelar hace ocho meses cuando el propio delegado
advirtió que, de persistir estos conflictos “se tomarían
medidas”.
Lo cierto es que cuando se trata de un servicio público
esencial en el área sanitaria, ni el Instituto de Gestión
Sanitaria (INGESA) ni Delegación del Gobierno, pueden quedar
al margen de exigir a la empresa adjudicataria que no
mantenga una postura seria y rigurosa, aparte de cumplir el
pliego de condiciones, y el contrato con los trabajadores.
En estas circunstancias de incumplimiento, el INGESA a la
vez que paga también ha de exigir que el servicio sea acorde
con lo que abona y no mostrarse indiferente, ya que esta
situación de conflicto repercute negativamente en el usuario
que es precisamente por quien abona estos mismos servicios
el INGESA.
Si no se cumple el objetivo último, necesariamente INGESA y
Delegación del Gobierno han de interceder para reconducir
una situación bastante atípica, en la que se producen
retrasos en el abono de las nóminas, cuando éstas no las
satisface la empresa adjudicataria sino otra distinta, con
un entramado en el que no puede quedar ajenas las
instituciones. Este conflicto permanente ha de solucionarse
por el bien del paciente. Los enfermos no pueden quedar
desatendidos por problemas laborales, cuyos servicios se
pagan puntualmente.
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OPINIÓN / EDITORIAL
