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El pasado jueves la Defensora del Pueblo presentó un
estudio sobre viviendas protegidas vacías en el que figura
que Ceuta no tiene ninguna de las 6.404 casas protegidas
vacías. Eso sí, en agosto había en trámite ocho desahucios
por ocupación ilegal de una VPO. Mientras, hay más de 2.300
solicitantes de vivienda protegida.
Más de 2.300 personas están inscritas como solicitantes de
una casa de protección oficial en la ciudad, según los datos
recogidos en el estudio ‘Viviendas protegidas vacías’ que el
pasado jueves hizo público la Defensora del Pueblo, Soledad
Becerril. Concretamente, Emvicesa tenía registrados a 2.343
solicitantes en marzo de 2012, la fecha que recoge el
informe, en el que figura que a nivel nacional hay 332.529
solicitantes de viviendas públicas. Mientras, en la ciudad
no consta ninguna vivienda de protección vacía de las 6.404
que hay registradas. Esta cifra de VPO supera a la de la
Ciudad Autónoma de Melilla, con 156, o comunidades como
Baleares (4.343), la Región de Murcia (3.865), La Rioja
(2.567), o Galicia (984).
De las 6.404 viviendas protegidas que hay registradas en
Ceuta, 380 son municipales y 6.024 son viviendas en régimen
de VPO y VP censadas con contrato de compraventa. En ellas,
se registraron ocho ocupaciones ilegales por las que la
Ciudad Autónoma tenía abierto un trámite judicial de
desahuico en agosto del pasado año, según datos que recoge
el estudio de la Defensora del Pueblo. En el documento
también figura que Ceuta carece de un servicio de inspección
de vivienda. No obstante este se creó con posterioridad a
los datos que recoge el texto y el Servicio de Inspección de
Vivienda Municipal de Ceuta (SIVIMCE) se puso en marcha en
noviembre. El objetivo es revisar una a una las casas de
protección oficial para evitar el fraude de las
transmisiones y alquileres a terceros.
Tras presentar este informe de viviendas de protección
vacías, Becerril pidió que la renta de alquiler se determine
de manera más accesible para quienes no puedan optar a una
vivienda libre, y permita a las personas que ya disfrutan de
una casa protegida en alquiler quedarse con ella. Para la
Defensora del Pueblo, es importante que la renta de alquiler
no supere el 30% de los ingresos de la unidad familiar ni el
3% del precio determinado para viviendas del entrono por la
Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la
Reestructuración Bancaria (Sareb), y todo ello, señaló, sin
perjudicar a los promotores.
En España hay más de 10.000 VPO desocupadas y disponibles en
manos de las administraciones, mientras que 332.529 personas
son solicitantes de una de estas viviendas.
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viviendas de proteccion oficial
