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El diputado ceutí, Francisco Márquez, será el encargado
de exponer en el Congreso el anteproyecto de Ley de
Seguridad Privada que está preparando el Gobierno y que verá
la luz en pocas semanas. Pero antes, el diputado ha
adelantado parte de su contenido. Esta ley nace con el
objetivo de potenciar la creación de empleo en el sector,
favorecer la colaboración entre la seguridad privada y la
pública, y dotar la actividad de mayor seguridad jurídica.
Eso sí, Márquez asegura que no se busca una privatización.
El Gobierno está ultimando los detalles del anteproyecto de
Ley sobre Seguridad Privada que verá la luz en las próximas
semanas y que el diputado ceutí, Francisco Márquez, se
encargará de exponer en el Congreso cuando entre a trámite
parlamantario. Algunos de los objetivos de la nueva ley
serán contribuir a dar seguridad jurídica a esta actividad y
también potenciar las posibilidades de creación de empleo
que este sector tiene en nuestro país, según señala Márquez.
No en balde, la seguridad privada es un sector de “gran
actividad económica” con más de 23.000 puestos de trabajo en
España, según señala el diputado.
Márquez explica que esta ley nace de una necesidad impuesta
por el paso del tiempo. La actual normativa que regula la
actividad de la seguridad privada es de 1992 y “tanto los
avances tecnológicos, como la evolución de la sociedad y de
sus necesidades, parece hacer necesaria una actualización,
sino integral, sí muy profunda”. Por ello, nada más comenzar
la actual legislatura el ministro de Interior, Jorge
Fernández Díaz, se comprometió a sacar adelante esta nueva
ley en su primera comparecencia en la Comisión de Interior y
así lo recuerda el diputado ceutí.
Colaboración pública
“En el anteproyecto de la nueva ley se parte de algunas
directrices que parecen evidentes como que la seguridad de
la ciudadanía en este momento no es exclusivamente una
cuestión a cargo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado, Policía autonómica o local”, destaca Márquez. Para
el Gobierno está claro que la seguridad privada debe
colaborar con la Administración pública “para conseguir
reforzar la seguridad de la ciudadanía, manteniendo en todo
momento autoridad pública”, según explica el diputado ceutí.
“Desde lo público es de donde se deben coordinar todas las
fuerzas y potencialidades que tanto desde el ámbito público
como privado pueden contribuir al objetivo de lograr una
mayor seguridad y el cumplimiento de la legislación vigente
que garantiza la libertad de una sociedad”, puntualiza
Márquez.
Lo que se pretende con la nueva norma es legislar los nuevos
ámbitos en los cuáles la seguridad privada está actuando y
otros en los que podría actuar, según adelanta el diputado.
Esta ley también busca reforzar la regulación de algunos
ámbitos como la seguridad privada en acontecimientos con
afluencia masiva de los ciudadanos o las actividades de los
detectives privados. “Estos ámbitos deben regularse de una
forma más concreta y más actual”, advierte Márquez, que
explica como el trabajo está casi “culminado” y que en
ningún momento se pretende privatizar la seguridad pública
como así han señalado algunas voces críticas.
Consenso político
Durante los últimos meses, el Gobierno se ha reunido con
empresas del sector para conocer sus problemas y sus
sugerencias. Ahora espera contar con las de la oposición y
tener el apoyo, al menos del PSOE, para sacar adelante la
ley en el parlamento.
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El diputado cree acertada la decisión de dejar a Amgevicesa
la seguridad
La reducción que ha hecho la
Ciudad de los vigilantes de seguridad privada en edificios
públicos como el del Mercado Central para en su lugar poner
a trabajadores de Amgevicesa es, según explica el diputado
Francisco Márquez, una decisión tomada ante la necesidad de
optimizar los recursos de los que ya disponía la
Administración y que, en ningún caso, “contradice el
espíritu de la nueva ley”. Por ello, para el también
consejero de Relaciones Institucionales, esta ha sido una
determinación “acertada”. “La Ciudad disponía de una empresa
pública con una determinada dotación de personal que podía
hacerse cargo de esas funciones y esto iba a redundar en una
mayor economía de medios y recursos”, señala el diputado
para añadir: “Así lo ha hecho en el ejercicio de sus
competencias y es una decisión correcta para emplear de
forma más eficiente los medios de los que ya disponía”,
puntualiza.
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