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El 21 de marzo se celebra el Día Internacional para la
Eliminación de la Discriminación Racial, proclamado por la
ONU en 1966. Ese día, un 21 de marzo de 1960, la policía
abrió fuego y mató a 69 personas en una manifestación
pacífica contra las leyes de pases del apartheid que se
realizaba en Sharpeville, Sudáfrica.
Si los siempre execrables sentimientos y actitudes racistas
van acompañados de prácticas o incluso de violencia
racistas, no solo crea enorme sufrimientos en quienes los
padecen, sino que es la sociedad en su conjunto la que se
envilece y se denigra.
Lamentablemente, desde la Asociación Pro Derechos Humanos de
Andalucía (APDHA), tenemos que mostrar de nuevo nuestra
preocupación porque las prácticas discriminatorias y el
racismo siguen estando presentes en nuestra sociedad e
incluso se están incrementando como consecuencia de la
situación de crisis que padecemos.
Buena parte de la responsabilidad en esta situación tenemos
que achacarla a lo que ya es frecuente denominar “racismo
institucional”. Se trata de una discriminación hacia las
personas migrantes o simplemente de otra raza, de carácter
sistemático y estructural. Se trata de todo un conjunto
normativo y legislativo que limita los derechos de las
personas según su lugar de nacimiento. Que convierten a una
parte de nuestra sociedad en personas de segunda categoría,
con menos derechos que la mayoría.
Pero se trata también de otro tipo de actuaciones
institucionales muchas veces no reguladas, que atentan
contra los derechos y la dignidad de las personas y las
discriminan.
Queremos manifestar, por ejemplo, nuestra preocupación por
la proliferación de “ordenanzas” municipales, que limitan el
uso del espacio público con la excusa de la convivencia y
que son utilizados para la persecución de quienes lo usan
(vendedores ambulantes, top manta, personas que ejercen la
prostitución, mendigos…etc…).
Señalar también las redadas de inmigrantes y las
identificaciones policiales de personas que simplemente
tienen caracteres faciales diferentes. Una práctica
condenada por la Justicia Europea, pero que se sigue
practicando de forma frecuente por parte de la policía.
Racismo institucional y social se retroalimentan puesto que
el primero legitima y abriga al segundo y éste alimenta y
justifica el primero. Existe un binomio entre el racismo
perpetrado desde las estructuras institucionales a través de
leyes, discursos y otras iniciativas políticas y el
crecimiento de los sentimientos y actitudes racistas en la
sociedad.
La crisis no ha venido sino a convertirse en un propicio
caldo de cultivo para todo tipo de discursos
discriminatorios y xenófobos hacia la población inmigrante.
Lamentablemente la mirada de muchas personas se dirige hacia
nuestros nuevos vecinos como presuntos responsables de la
situación que vivimos. La frustración, la angustia ante un
futuro cada vez más incierto, la pagamos con los más
débiles, y la competencia por el acceso al trabajo y a los
servicios básicos se ha recrudecido.
Pese a que la mayor parte de los extranjeros que residen en
nuestro país tienen ya un largo período de residencia en
España, y por tanto más que inmigrantes deben ser
considerados por todos como ciudadanos, se les siguen
recortando derechos, entre ellos, por ejemplo, el del
derecho al voto.
En este contexto insistimos: Una sociedad no puede ser
integradora e inclusiva sin el reconocimiento efectivo de
derechos, y en este punto, el balance es negativo: se
aprecia un claro retroceso en el acceso a los derechos más
básicos para la población inmigrante: en el acceso a la
vivienda, la sanidad, la vida en familia o las prestaciones
sociales.
La crisis y las medidas que se han aplicado utilizándola
como excusa, han significado un retroceso en la integración
de nuestra población inmigrante. En primer lugar por el
incremento de las pérdidas de permiso de residencia, lo que
se denomina irregularidad sobrevenida.
El acceso a la salud es también un claro ejemplo de este
retroceso. La discriminación en general y en el acceso a los
servicios sanitarios en particular es objetiva y subjetiva.
Y ello se ha incrementado tras la entrada en vigor el Real
Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril en el que, junto a otras
medidas, se retira el acceso a la sanidad pública a los
inmigrantes que residan en España de manera irregular.
Los recortes educativos también han afectado de manera
sensible a la población inmigrante. Especialmente por la
eliminación de recursos de apoyo a hijos de familias
inmigrantes, con la previsible consecuencia de la
disminución del rendimiento y el fracaso escolar.
Desde la APDHA, en el Día contra el Racismo, no podemos sino
mostrar nuestra preocupación y reclamar de las instituciones
y de los partidos un discurso antirracista y no
discriminatorio. Una política integradora. Y una batería
legislativa para avanzar en la igualdad de derechos, que es
primer paso imprescindible para la ciudadanía inclusiva.
Y ante la sociedad la APDHA quiere plantear que las
políticas de recortes de derechos nos afectan a todos y
todas, a migrantes y a quienes no lo son. A personas de una
etnia o de otra, a los nacidos en España o en otro país, a
los de un color de la piel o de otro color… De esta crisis
salimos todos juntos o no salimos.
La sociedad debe saber que quienes de verdad nos arruinan no
son las personas que vienen en una patera. Los responsables
de esta crisis y los que nos están hundiendo en ella aún
más, viajan en yates y se sientan en cómodos despachos de
las altas finanzas, de la corrupción, de los bancos o de la
política.
Es imprescindible la consideración de los inmigrantes, o de
las personas gitanas por ejemplo, como parte de nuestra
sociedad a todos los efectos, con todas las obligaciones,
pero también con todos los derechos. La desigualdad social y
jurídica, y más en tiempos de crisis, genera fracturas
sociales y fenómenos racistas.
No será posible avanzar en este sentido desde el abismo
entre las intenciones declaradas y las políticas o el
discurso con tintes racistas que no pocas veces se practica
desde el gobierno y otras administraciones, o determinados
partidos políticos.
En suma, sin la igualdad y el reconocimiento pleno de los
derechos de ciudadanía (civiles y políticos, sociales,
económicos y culturales) a todas las personas de nuestra
sociedad sin discriminación por razón de etnia, raza u
origen nacional no hay integración y es imposible cercar al
racismo y construir una convivencia en paz.
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