El Gobierno aprueba un paquete pionero de medidas para
acercar la edad real de jubilación a la legal, entre ellas:
compatibilizar el cobro de la mitad de la pensión con la
permanencia en un trabajo, una vez cumplida la edad legal de
jubilación; regulación de la jubilación anticipada: se
reservará para los trabajadores con largas carreras de
cotización; se eleva la edad de jubilación anticipada: la
voluntaria, de los 63 años a los 65 años en 2017 y la
involuntaria de los 61 a los 63 en el mismo año; se fija un
periodo mínimo de cotización, de 35 años en el caso de la
jubilación voluntaria y de 33 en el caso de la forzosa;
regulación de la jubilación parcial: se limita al 50% la
reducción máxima de la jornada con carácter general y se
eleva el periodo mínimo de cotización hasta los 33 años; y
medidas para desincentivar los despidos colectivos de
mayores de 50 años, para evitar la discriminación de edad.
Los objetivos del Gobierno son evitar la discriminación por
edad y los abusos que ponen en peligro las pensiones de
todos:
- Avanzar en la sostenibilidad del sistema de pensiones:
acceder a la jubilación antes de alcanzar la edad legal
supone un coste de 10.000 millones al año.
- Impulsar el envejecimiento activo de forma justa: no se
puede pedir a los ciudadanos que se jubilen a los 67 años
cuando otros se jubilan muy anticipadamente.
- Luchar contra la discriminación por razón de edad en el
trabajo: se facilita la prolongación voluntaria de la vida
laboral.
- Facilitar la transición entre la vida activa y la
jubilación: no hay sistema de pensiones si no hay españoles
trabajando.
Por primera vez se adoptan medidas para evitar la
discriminación por razón de edad, con una política económica
que garantiza las pensiones. La nueva coyuntura económica y
social exige que adaptemos nuestra legislación para asegurar
la viabilidad de las pensiones. Estas medidas siguen las
recomendaciones del Pacto de Toledo y Bruselas para
garantizar las pensiones y la prolongación voluntaria de la
vida laboral.
|