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El pago a proveedores en un mes le parece a Juan Vivas
“una buena medida”, respondiendo a una pregunta de los
periodistas sobre la directiva comunitaria. “Existe la
obligación de aplicarla”, reconoció e hizo autocrítica al
señalar que los retrasos suponen perjuicios para las Pymes.
El retraso en los pagos, según Vivas supone encarecimiento
de los costes y suministros, ya que las empresas, en
previsión de estas demoras, aplican un recargo en la
facturación, según la versión de Juan Vivas. “Las Pymes,
cuando se relacionan con la Administración ya calculan que
va a haber un retraso en el pago que les va a suponer un
coste añadido y lo normal es que lo repercutan en el precio
final”, declara el jefe del Ejecutivo ceutí.
Por ello, consideró “sano que las Administraciones paguen
puntualmente porque eso beneficia a las Pymes, al empleo y
al conjunto de la economía. Ahora estamos en un proceso de
adaptación -dijo-, ya que las Administraciones no estábamos
acostumbradas a esta exigencia que, por otra parte, insisto,
me parece una exigencia necesaria”, concluyó.
Preguntado si la Ciudad Autónoma se pondrá al día con sus
proveedores, Juan Vivas mostró su buena voluntad: “Nosotros
hacemos lo que está a nuestro alcance. Hemos normalizado el
procedimiento de presentación, cuestión importante será el
momento en el que se compute el comienzo de ese período de
30 días porque, a veces, se presentan facturas que no están
perfectamente diligenciadas o fiscalizadas”.
Para Juan Vivas, mientras se estudia una factura, lleva un
tiempo “y no se puede considerar ese inicio dentro del
cómputo de los 30 dias; hay que computarla cuando esté
perfectamente diligenciada en debida forma. Nosotros
queremos agilizar los procedimientos de presentación y, en
lo posible, que haya un registro de presentación de
facturas. Nos desenvolvemos en un sistema de previsión
presupuestaria de caja mensual y el Tesorero, en base al
marco de estabilidad presupuestaria en el que nos movemos,
hace sus previsiones mensuales para el flujo de caja”. Juan
Vivas advierte que, a partir de ahora, de manera periódica,
el Consejo de Gobierno hará un seguimiento y se interesará
por este procedimiento para ver cómo va. Y entiende que, una
directiva comunitaria de la Unión Europea, transportada al
Derecho de nuestro país, es ley ya que su incumplimiento
lleva consigo una serie de sanciones, incluidos los
intereses de demora por la morosidad en la que se incurra.
Los buenos propósitos de Juan Vivas estuvieron acompañados
de frases como “me parece una buena idea”, “el retraso en el
que hayamos incurrido en el pago a proveedores nos hace
ejercer la autocrítica” y “existe una obligación de cumplir
esta directiva europea”.
Se quiere crear un sólo registro para presentar facturas a
fin de determinar en un solo conducto la procedencia de las
mismas.
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Propósito de enmienda y dudas sobre el inicio del período de
pago
Juan Vivas ha reconocido que la
Administración local incumple el pago a proveedores en los
márgenes que la Unión Europea ha fijado, ha reconocido
también que esa morosidad perjudica a las Pymes, ha
reconocido que se está adaptando la Ciudad Autónoma a una
obligación de cumplimiento expreso, pero ha buscando una
salida como subterfurgio para sembrar dudas acerca del
inicio del período de 30 días para la obligación de pago. Y
se aferra al cumplimiento estricto de la facturación, a que
las facturas estén perfectamente diligenciadas y
fiscalizadas, aunque no matiza cuánto tiempo se tarda en
diligenciar y fiscalizar esas facturas: ¿días, semanas o
meses? Si se busca agilizar los pagos, que no caigan en un
cajón, si el espíritu de la directiva europea es evitar la
morosidad, no busquemos más excusas. En un mes de plazo se
puede ver todo y pagar.
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