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El portavoz del Partido Popular en
la Comisión de Justicia del Senado, Manuel Guillermo Altava
abordó las 25 reformas que quedan por aplicar en la
Administración de Justicia este año. Aludió a las de mayor
calado y justificó, en algunos casos, las razones que han
llevado a adoptar estas medidas “correctoras” incidiendo en
la vocación de litigio del ciudadano español que lleva el
carácter litigoso a unas cifras desorbitadas: 9 millones de
asuntos anuales para 5.199 jueces. Se busca descongestionar
la maquinaria judicial de la que tantas veces se ha dicho
que era lenta, buscando una mayor agilidad al descargar
algunas competencias e introducir los arbitrajes con la
mediación en el orden penal y evitar la existencia de nueve
sistemas jurisdiccionales en aquéllas Comunidades autónomas
donde se transfirió esta competencia, además de habilitar el
mes de agosto como hábil para procesos civiles.
Se quiere derivar a notarios y registradores de la propiedad
los actuales matrimonios civiles y las separaciones, un
nuevo código mercantil sustituirá al de comercio y se crea
el Estatuto de la Víctima como gran novedad para que sea
ésta quien tenga opción de pronunciarse, sin que su opinión
sea vinculante pero sí escuchada, dándole participación en
la declaración de parte en el proceso final. Un asunto éste
de gran sensibilización pública, en especial, para crímenes
que provocan alarma social y que despiertan controversias y
críticas cuando se conceden libertades a quienes han
protagonizado atrocidades. En este caso, la víctima tendrá
voz pero no voto.
Los Registros Civiles asumirán algunas competencias como los
asuntos de nacimientos y defunciones que no tendrán coste
para el ciudadano y la nueva Ley Hipotecaria se quiere muy
consensuada, porque ha sido un asunto de enfrentamiento y de
gran sensibilidad social. Ahora bien, diferenciando casos
del pasado con los de futuro. De manera que se legisle sin
carácter retroactivo.
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OPINIÓN / EDITORIAL
