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El senador por Castellón y portavoz del PP en la Comisión
de Justicia, Manuel Guillermo Altava, visitó ayer la ciudad
para analizar las reformas judiciales con los populares
ceutíes en una jornada en la que el Congreso convalidaba la
rebaja de las tasas judiciales y su eliminación en los
procesos de desahucio. El senador aseguró a este respecto
que en ningún caso la Ley de Tasas vulnera el derecho a la
tutela judicial efectiva, aunque reconoció que hubo un
problema en la cuantía de las mismas que ayer se resolvía.
Altava también habló en una entrevista con El Pueblo sobre
el problema de los desahucios, la nueva Ley de Custodia
Compartida o la importancia de la mediación para desatascar
los juzgados españoles.
Pregunta.- El Congreso convalidó ayer la reforma de la
Ley de Tasas Judiciales para reducir en un 80% el tramo
variable de las tarifas para las personas físicas. Sin
embargo, desde la oposición aseguran que todavía se limita
el acceso a la justicia a la clase media ¿Es así realmente?
Respuesta.- En ningún caso la Ley de Tasas puede vulnerar el
derecho a la tutela judicial efectiva. Primero, porque los
jueces tienen que atender a las demandas de los ciudadanos
y, en segundo lugar, porque las tasas son constitucionales y
así lo ha pronunciado el Tribunal Constitucional. Otra cosa
es la cuantía de las mismas. No obstante, es verdad que hay
una cuota fija y otra variable, y esta era un poco elevada.
Pero eso se ha modificado, y si antes se podía pensar que
para interponer un recurso costaba más la tasa que la
cuantía que se reclamaba, hoy -por ayer- es lo que se
reforma. Con esta rebaja no se priva a nadie de que pueda
acudir a la Justicia.
P.- ¿Cree que se ha generado una alarma innecesaria sobre
las tasas judiciales?
R.- Yo entiendo que ha habido una preocupación importante
por los colectivos afectados, y de hecho esta ha llegado a
la defensora del pueblo, y ella ha originado este cambio en
la cuantía de la tasa. Pero no creo que haya habido alarma
social. De todas maneras, en estos momentos de una coyuntura
económica complicada como la que tenemos, todos los
colectivos tienen que hacer un esfuerzo. Las universidades,
por ejemplo, han cancelado contratos de profesores
asociados. La Justicia, con la imposición de estas tasas,
también demuestra que quiere colaborar con el país en esta
coyuntura económica tan especial. El problema radicaba en la
cuantía, no en la tasa.
P.- Los desahucios también son un tema polémico y ahora
el Tribunal de Justicia de la UE ha alertado de que la
legislación española no garantiza a los ciudadanos una
protección frente a cláusulas abusivas en las hipotecas ¿qué
soluciones se van aportar para cambiar esto?
R.- No se cuáles serán las soluciones finales, pero una
medida como la modificación de la Ley Hipotecaria necesitará
el consenso de todos los partidos. Se debe hacer un nuevo
estudio para una nueva regulación. Está claro que la dación
en pago no puede tener carácter retroactivo. Tiene que haber
cierta regulación nueva y cabría hablar de la cuestión de
los intereses de los créditos. Ahora se sigue el sistema
francés por el que al principio pagas los intereses y luego
pasas al préstamo principal. A lo mejor sería más equitativo
pagar una parte proporcional del principal y también de los
intereses. Pero, en lo que todos estamos de acuerdo es en
que debe modificarse la ley.
P.- El ministro Gallardón se comprometió a modificar la
Ley de Custodia Compartida, ¿en qué punto se encuentra esta
reforma?
R.- El ministro se ha comprometido a que en abril esté listo
el anteproyecto. Por lo que conozco, es una ley que va a
modificar tanto el artículo 92 como siguientes del Código
Civil, donde se cambia el régimen que tiene que tener las
parejas después de separarse sobre todo con los hijos. Esta
reforma es muy necesaria puesto que ahora se ha regulado en
cuatro Comunidades Autónomas, pero a nivel de relaciones
paterno-filiales, y lo que tiene que modificarse, para
hablar de una auténtica custodia compartida, es el Código
Civil. La nueva norma se orienta a que sea el juez quien
decida partiendo de un punto equitativo entre ambos
cónyuges.
P.- El informe del fiscal, que ya se ha declarado
inconstitucional en estos casos, ¿dejará de ser vinculante?
R.- Dejará de ser vinculante. Todo apunta a que será así y,
por otra parte, nunca puede serlo, porque el fiscal no deja
de ser otra parte. Ese carácter vinculante era
inconstitucional.
P.- Usted ha sido ponente del proyecto de Ley de
mediación en asuntos civiles y mercantiles ¿hasta qué punto
es importante y en que medida es desconocida esta
alternativa?
R.- En primer lugar va a desatascar los órganos
jurisdiccionales. En este país padecemos de que está todo
muy litigioso y eso no se puede permitir. Hay muchas
cuestiones que se pueden solucionar en la mediación. Esto no
significa que un tercero decida, sino que las dos partes
tienen que unir sus propuestas para buscar el acuerdo. Esta
mediación es muy importante, y no sólo en el ámbito
mercantil y civil, sino que también tiene que llegar al
ámbito penal.
P.- El Gobierno anunció que endurecerá las penas
relacionadas con delitos de corrupción ¿Servirá para que la
política recupere crédito?
R.- Hoy en día está cuestionado casi todo, no solamente la
política, y lo que está claro es que la Justicia tiene que
ser para todos. Estas medidas servirán para una regeneración
de la política, de la economía y de todos los ámbitos. El
Gobierno tiene la voluntad de que a todos los niveles se
haga una labor importante contra la corrupción para que
todos los sectores de la sociedad ganemos en credibilidad.
P.- ¿Qué otras reformas se plantea el Gobierno como
ineludibles para esta legislatura?
R.-Hay previstas 25 reformas de leyes. A mí me parecen muy
importante la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que va a
cambiar dos cuestiones muy relevantes: La instrucción a
cargo del Ministerio Fiscal y la doble instancia penal.
Junto con esa habrá que modificar el Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal y el Estatuto de la Víctima. Nuestra
legislación siempre se ha preocupado más por quién cometía
el hecho y ahora se le va a dar trámite a la víctima y se le
va a preguntar sobre los permisos o la concesión de
beneficios al condenado.
P.- Estas reformas van a afectar a todos los pilares de
la Justicia...
R.- Se necesitaba una reforma estructural de la Justicia.
Todos los colectivos entienden que el modelo actual está
agotado. Además, no es de recibo ir a un juzgado y encontrar
montañas de papel. Se tiene que hacer una modernización de
verdad en la que todo esté informatizado.
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ENTREVISTA / MANUEL GUILLERMO ALTAVA,
SENADOR PP
