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El denominado caso Ponferrada,
moción de censura en el ayuntamiento de dicha localidad,
planificada desde la secretaría de organización del partido
socialista en Ferraz, destapa la realidad de un progresismo
español que antepone intereses partidistas frente a la
igualdad de género, y sobre todo, a la defensa de las
víctimas. No podemos obviar que alcanzar dicha alcaldía ha
sido posible gracias al pacto suscrito con quien fuera
condenado por acoso sexual, Ismael Álvarez, contra una
compañera del anterior equipo de gobierno municipal.
Informaciones conocidas con posterioridad confirman que la
cúpula socialista conocía detalladamente las intenciones de
recuperar el poder municipal a pesar de necesitar el apoyo
de quien fuera expulsado del partido popular por prácticas
deshonestas contra los derechos de la mujer. Alfredo Pérez
Rubalcaba, Elena Valenciano y Óscar López habían sido los
destinatarios del documento titulado “En defensa de la
Dignidad: Tolerancia cero es cero” elaborado por un grupo de
mujeres socialistas de León, suscrito por 350 personas, en
el que denunciaban el acercamiento entre sus compañeros
ponferradinos con el acosador de Nevenka Fernández.
El documento en cuestión, enviado tras la negativa de los
órganos de dirección de León a debatir dicho acercamiento,
recuerda a los dirigentes socialistas indicados, que el
partido socialista redactó y aprobó una Ley para la Igualdad
entre Hombres y Mujeres, que define como delito en su
articulado el acoso sexual. Y además recuerda a quienes hoy
han protagonizado la moción de censura, que en el pasado
reprobaron la actitud del entonces alcalde de Ponferrada,
condenado por el Tribunal Superior de Justicia, ratificada
por el Tribunal Supremo, Ismael Álvarez, cuando militaba en
el partido popular. En definitiva, el denominado caso
Ponferrada demuestra la realidad de una formación política
que aplica, una vez más, el viejo refrán “haz lo que yo
diga, pero no lo que yo haga”.
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OPINIÓN / AL SUR DEL SUR
