|
La titular del Juzgado de lo Penal número uno decidió ayer
suspender el juicio contra el anterior vicario de Ceuta y el
propietario de una inmobiliaria por un presunto delito de
estafa. La jueza ha pospuesto la vista a la espera de que la
Audiencia Provincial de Ceuta resuelva, por la vía civil, a
quién pertenecía el local que la Iglesia vendió en 2007 a la
inmobiliaria y que la familia Ferrer reclama como suyo.
El anterior vicario de Ceuta, Francisco Correro, volvió ayer
a la ciudad para acudir al Juzgado de lo Penal número uno
como imputado, junto al dueño de una inmobiliaria, de un
presunto delito de estafa y otro de coacciones. El
denunciante, Antonio Luis Ferrer, reclama la propiedad de un
bajo del Paseo de las Palmeras que la Iglesia vendió a un
inmobiliaria en 2007. No obstante, la vista quedó suspendida
a la espera de que la causa se resuelva por la vía civil y
se determine de a quién pertenecía la titularidad de dicha
propiedad, si a la Iglesia o a la familia Ferrer.
El juicio en la vía civil se celebró en mayo de 2011 y en
junio se publicó la sentencia en la que el titular del
Juzgado de Primera Instancia número dos determinaba que los
Ferrer no ostentaban la titularidad y que por tanto la
operación de venta que había realizado la Iglesia, y su
representante, el vicario, había sido lícita. El fallo
declaraba que Ferrer no tiene el dominio del local situado
en el Paseo de las Palmeras y por tanto “no procede a la
cancelación o anulación de los asientos registrales que
contradicen su posesión”. Sin embargo, el denunciante no
quedó satisfecho con el resultado y recurrió ante la
Audiencia Provincial, que aún no se ha pronunciado. Por este
motivo, la Fiscalía y el letrado de Ferrer pidieron la
suspensión del juicio. Mientras, las defensas se negaron a
dilatar más un proceso para el que entendían que existen
pruebas. Finalmente, la magistrada del Penal decidió
posponer la vista hasta que la Audiencia Provincial de Cádiz
en Ceuta de respuesta al recurso.
La acusación particular solicita para los dos imputados seis
meses de prisión por un delito de coacciones y un año de
prisión por estafa, además de una indemnización de 12.000
euros.
|
tribunales
