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“Mayo o, como máximo, junio”. Este es el plazo en el que
la subdirectora general de Fomento, Carolina Pérez, estima
que estará en vigor el nuevo contrato para el mantenimiento
y renovación del alumbrado público. El pliego de condiciones
para la licitación se está ultimando y se prevé que el
concurso pueda convocarse a lo largo de este mes. En esta
ocasión, el servicio se contratará por un año prorrogable
por el mismo periodo y con un presupuesto de unos 500.000
euros. El proceso para licitar este servicio comenzó a
finales de 2011 pero en junio de 2012 se paralizó para
separarlo del coste del suministro.
La Consejería de Fomento estima que el nuevo contrato de
alumbrado público estará en vigor “en mayo o junio como
máximo”. Ese es el cálculo que maneja la subdirectora
general de este departamento, Carolina Pérez, quien recuerda
que en esta ocasión, el contrato se va a licitar -tal como
adelantó este diario el pasado 28 de febrero- por un año
prorrogable durante otro periodo igual.
En estos momentos, los técnicos del departamento ultiman el
pliego de condiciones para la licitación del contrato, que
tendrá un presupuesto de unos 500.000 euros y que se espera
publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad (BOCCE) a lo
largo de este mes. Según señaló hace dos semanas el
consejero de Hacienda, Guillermo Martínez, el pliego de
prescripciones técnicas está ya cerrado y sólo queda por
terminar el de cláusulas administrativas.
Pérez reconoció que, entre tanto, en estos momentos se está
“en precario” en este ámbito, por cuanto el contrato en
vigor se encuentra en situación de prórroga desde hace casi
dos años. “Falta nos hace, porque aunque se está haciendo
todo, se lleva a cabo el mantenimiento y todo lo demás, lo
suyo es que esté ya adjudicado, lo que da mayor
tranquilidad”.
Inicio en 2011
El proceso para la adjudicación de este servicio se inició
en octubre de 2011, cuando la Ciudad aprobó un gasto
plurianual para un contrato en principio de 10 años y por
importe de 1,7 millones de euros, ya que se unificaba el
mantenimiento y reposición con el pago de las facturas del
alumbrado público. Con la unificación de ambos contratos se
buscaba un “ahorro” porque además se pretendía incluir como
condición la instalación de nuevos sistemas de bajo consumo,
como las lámparas Led.
En abril de 2012, el grupo Caballas denunció “oscurantismo”
en la redacción de los pliegos tanto de limpieza pública
viaria como de alumbrado. Respecto a este último, los
localistas señalaban que el contrato se pretendía adjudicar
“por un importe que no cubre los costes de los servicios que
se quieren abarcar”. En junio, este mismo grupo anunciaba la
suspensión del procedimiento administrativo “una vez
abiertas las plicas”.
La consejera de Fomento, Susana Román, explicó entonces que
la Ciudad se había replanteado las características de este
contrato, sobre todo su duración, al haber variado también
las circunstancias económicas como consecuencia de la
aplicación de los Planes de Ajuste y Sostenibilidad. Por
último, en octubre del pasado año, el Gobierno anunció que
el contrato se dividiría en dos con el mismo argumento
utilizado para unificarlo: el ahorro. Tal como indicó el
portavoz del Ejecutivo, con el nuevo sistema, este recorte
en el gasto será de entre 350.000 y 400.000 euros anuales.
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La Consejería ultima la adaptación de la ordenanza de
apertura de comercios a las licencias “exprés”
Otro de los asuntos que ocupa a
los técnicos de Fomento, bajo la coordinación de la
subdirectora general, Carolina Pérez, es el de la adaptación
de la ordenanza que regula la apertura de establecimientos
comerciales con el fin de introducir los últimos cambios
normativos, como es el de las denominadas licencias “exprés”.
Según señaló Pérez, lo más probable es que la ordenanza esté
lista para someterla a la aprobación de la Asamblea en su
próxima sesión ordinaria, el día 19. El cambio en la
normativa general, aprobado por el Gobierno en mayo de 2012,
acorta los plazos, que oscilan entre los 6 y los 18 meses,
para la obtención de licencia, que se sustituye por un
sistema ‘a posteriori’, que requerirá un plan municipal de
inspección. La pequeña empresa deberá firmar una
comunicación declarando que cumple la normativa y
acompañarla de un informe técnico expedido por un
profesional acreditado. De este modo, podrá abrir al día
siguiente de la presentación de la documentación y del pago
de las correspondientes tasas.
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