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La reunión de carácter técnico
entre Juan Vivas y el secretario de Estado de Hacienda,
Miguel Ferre, a tenor de la comunicación oficial del
Gobierno local, abre unas nuevas perspectivas a nivel
económico, en el ámbito fiscal y de inversión con la lógica
repercusión en el empleo. Se quiere vincular el incentivo
fiscal al estímulo inversor para la implantación de empresas
en Ceuta que repercutan en activar el mercado laboral.
Incorporar al cuerpo normativo de la regulación tributaria,
los aspectos que eviten envasión de impuestos y dinamicen la
implantación de empresas en Ceuta resulta básico.
El planteamiento es bueno aunque no ha de eternizarse en el
tiempo. Acometer la reforma fiscal que dote de seguridad
jurídica a las empresas, ha sido una demanda de la
Confederación de Empresarios y de la Cámara de Comercio, a
la vista de los problemas en los que se han visto inmersos
algunos comerciantes locales. Regularizar esta cuestión y
dotar de seguridad jurídica a los empresarios definiendo el
ciclo mercantil completo es fundamental, como también lo es
la reforma del IPSI que, con el paso del tiempo, parece
demostrar que está obsoleto y se precisa una figura
impositiva más acorde con las circunstancias y la
incentivación del tejido empresarial.
Estimular la actividad productiva y por ende, el empleo es
otro factor determinante para combatir desde otro frente esa
tasa de paro tan elevada que padecemos. Y abordar nuestro
estatus en la Unión Europea, junto a Melilla y la reforma de
la Ley de Bases de Régimen Local, son factores que, de la
mano de la ciudad hermana, parecen cuestiones a ponderar
para acomodar las singularidades de ambas Ciudades Autónomas
a la normativa española y comunitaria, respondiendo a las
especificidades que es preciso atender. Los principios que
guían estos planteamientos son loables pero también lo ha de
ser su aplicación práctica y el tiempo de su puesta en
marcha.
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OPINIÓN / EDITORIAL
