Independientemente del recurso de inconstitucionalidad
tramitado a través de la Defensora del Pueblo, UGT continúa
adelante con el proceso de reclamaciones anunciado en su
día, y prevé iniciar en breve la presentación de denuncias
en los juzgados de lo Social.
El sindicato reclama que la revalorización de las pensiones
correspondiente del pasado año sea del 2,9%, que fue la
desviación del IPC, y no del 1% que marcó el Gobierno, por
lo que en las demandas se reclama una subida del 1,9% y el
correspondiente pago de una extra de compensación, así como
que la subida decidida para este año se realice sobre las
pensiones actualizadas.
A este respecto desde UGT se ha resaltado que tramitará
estas demandas en los juzgados de lo Social, “dado que el
sindicato tiene una obligación con todos los pensionistas y
jubilados”, cifró entre 350 y 550 euros la pérdida de poder
adquisitivo del pasado año, “además del 1,9% que todos los
meses los pensionistas y jubilados vamos a dejar de cobrar
hasta el final de nuestras vidas si el Gobierno no da marcha
atrás en esta decisión”.
Constitución
Además de incumplir varios artículos de la Constitución y
los acuerdos del Pacto de Toledo, desde la central sindical
se ha denunciado que se está empujando a muchos pensionistas
a una situación insostenible que roza la “pobreza extrema”.
“Los pensionistas y jubilados no hemos sido los responsables
de esta situación económica, y ahora, cuando más estamos
contribuyendo al sostenimiento de la economía de las
familias, sufrimos un ataque sin escrúpulos”, se asevera
desde UGT.
Además, también se ha criticado que desde los distintos
institutos provinciales de la Seguridad Social se asegure
que con estos recursos se esté intentando “torpedear” el
funcionamiento administrativo de los mismos, además de
generarles un gran coste económico, “cuando lo único que
estamos haciendo es defender nuestros derechos”.
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