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El Defensor del Pueblo recoge en su Memoria de 2012 un
total de 678 solicitudades al Ministerio de Fomento de renta
básica de emancipación en Ceuta. Sin embargo, sólo fueron
593 las que se tramitaron de forma “positiva”. Por otra
parte, la máxima representante de esta institución, Soledad
Becerril, solicitó ayer al Parlamento que se ocupen “más de
10.000 viviendas públicas vacías” después de elaborar un
informe realizado con datos de las comunidades y ciudades
autónomas.
El Defensor del Pueblo recoge en su Memoria de 2012 un total
de 678 solicitudes de renta básica de emancipación en la
ciudad. Sólo 593 fueron resueltas de forma “positiva” y
aceptadas por el Ministerio de Fomento. Así se incluye en el
documento de la institución que dirige Soledad Becerril. En
total, en España se han resuelto 452.214 rentas básicas de
emancipación. Y es que, según se resalta en el informe,
desde la entrada en vigor del Real Decreto 1472/2007, de 2
de noviembre, por el que se regula esta renta, el Defensor
ha recibido más de 3.500 quejas con relación a problemas
concretos apreciados por los beneficiarios de la ayuda
regulada en dicha disposición.
La referida norma fue derogada con efectos de 1 de enero de
2012, pero eso no ha supuesto el final de la recepción de
quejas, sino “más bien al contrario”. En el año al que alude
el informe se han recibido más de 1.800 quejas, un 73 por
ciento más que en el año anterior y se centraron en la
“disconformidad” con la supresión de la ayuda y sobre todo,
en las demoras en el pago de la misma.
Vivienda pública vacía
Por otra parte, Becerril constató ayer, según informa la
Agencia Efe, que “al menos”, 10.000 viviendas públicas están
vacías y disponibles para ser ocupadas. De ahí que
propusiera ayer al Parlamento que estas casas sean
utilizadas por familias desalojadas por el impago de
hipotecas o alquileres. La institución ha elaborado un
informe sobre la situación de las viviendas públicas,
realizado con datos e informaciones proporcionados por las
consejerías y organismos de Vivienda de todas las
comunidades y las ciudades de Ceuta y Melilla, cuyas
conclusiones ha avanzado en la Comisión Mixta de Relaciones
con el Defensor del Pueblo. “Muchas de las personas que
necesitan una vivienda con urgencia podrían beneficiarse de
las miles de viviendas públicas que actualmente se
encuentran vacías y disponibles”, afirmó Becerril, quien
sugirió que se haga “con alquileres o costes moderados”.
El estudio de la institución calcula que, sólo contando las
que gestionan las comunidades autónomas, es decir, “más de
250.000 viviendas con algún tipo de protección pública,
aproximadamente 13.500 están vacías, y de éstas, 9.752
pueden considerarse disponibles”.
Además, el Defensor ha pedido información a diez
ayuntamientos de capitales con una población superior a
350.000 habitantes, que gestionarían -según las respuestas
remitidas- 24.055 viviendas protegidas, de las cuales
estarían vacías y disponibles, “por lo menos, 427”.
La defensora lamentó la “dificultad” de las administraciones
para recabar estos datos y propuso la creación o la mejora
de registros con criterios similares en todas ellas que han
posible evaluaciones de ámbito nacional. Además, proponer
aumentar la colaboración y coordinación entre las
administraciones implicadas, implantar una inspección más
eficiente, perfeccionar los procedimientos de ajdudicación
de viviendas y “favorecer el alquiler de las viviendas
públicas frente a la venta”.
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APORTACIÓN
