Ayer salieron a la calle multitud de ciudadanos convocados
por la Cumbre Social. Se desarrollaron manifestaciones por
las principales ciudades de toda la geografía nacional,
siendo Ceuta una de ellas. No es una novedad que en estos
tiempos la ciudadanía proteste, quiera hacer oír su voz y
manifieste su descontento, ante los problemas que golpean al
país y a nuestra ciudad. Si nos detuviéramos a enumerar
cifras y situaciones adversas que nos acucian, posiblemente
la lista nos ocuparía un espacio muy extenso. Las palabras
claves como el paro, recortes y corrupción, desgraciadamente
sintetizan las preocupaciones que afectan a los que salieron
a la calle. El Gobierno del país, así como el de nuestra
ciudad autónoma, cuentan con la legalidad y legitimidad
democrática que les otorgaron las urnas, hecho
incuestionable que no se pone en duda, como el trabajo de
los gobernantes. Ahora bien, el que un gobierno haya ganado
las elecciones no impide que los ciudadanos puedan seguir
pensando y se muestren críticos ante lo que sucede en la
realidad. Miembros del actual Gobierno y del partido que lo
sustenta, también participaron en manifestaciones en la
pasada legislatura, circunstancia que es perfectamente legal
y que cuando lo hicieron no ocurrió nada.
La Constitución, entre otros derechos, ampara también el de
manifestación y el derecho que asiste a los ciudadanos que
lo ejercen, haciendo uso de su libertad. Pero cuando se
adopta la decisión de asistir y participar manifestándose,
además de hacer uso de la libertad, están los motivos y
razones que impulsan a los ciudadanos a expresar,
reivindicar y demandar soluciones para unos derechos que se
consideran lesionados.
Esas razones merecen todo el respeto, especialmente cuando
uno de los problemas es que cientos de miles de familias
tienen a algunos o todos sus miembros sin trabajo, con el
agravio que padece la juventud de Ceuta y de nuestro país en
general, que cuenta con una de las generaciones más
preparadas, con jóvenes que han dedicado su vida al estudio
y no encuentran respuestas a sus demandas laborales, que les
permitan vivir con un salario digno.
Otras razones tienen que ver con determinados colectivos,
que están siendo víctimas de los recortes que padecen a
nivel individual o los que afectan a determinados servicios
públicos esenciales, como son la sanidad, educación, las
prestaciones sociales y los problemas de la igualdad. Todo
se agrava si también unimos el tema de la corrupción, que no
favorece la credibilidad de determinados altos cargos
públicos, cuando tienen que exigir a los ciudadanos
sacrificios, mientras falta la transparencia del
funcionamiento de la organización a la que pertenecen, sin
olvidar el enriquecimiento insultante de personas que han
formado parte de la misma.
Es cierto que también hay ciudadanos que no se manifiestan y
que están en su derecho de no hacerlo por las razones que
consideren, pero pienso que sería un error por parte de los
gobernantes, llegar a conclusiones de estrategias
premeditadas contra la actual administración y de falta de
solidaridad con la misma, porque desgraciadamente los
problemas están ahí. Desafortunadamente esto no es
demagogia, es una cruel realidad que traspasa los muros de
los domicilios y llega a la responsabilidad de madres y
padres de familia, de jóvenes y ciudadanos que no pueden
vivir sólo de promesas.
No debo dejar de mencionar que por el Gobierno de la nación
se han adoptado medidas y que a nivel local también, con la
participación y colaboración de los miembros de la
oposición, pero con medidas presupuestarias muy
insuficientes, mientras que se producen otros gastos más
innecesarios, que deberían estar subordinados al interés
prioritario de los problemas tratados, en una ciudad donde
se da el mayor índice de paro y pobreza de España y de
Europa. No podemos obviar las ayudas de la Unión Europea;
pero el tiempo apremia, el sufrimiento de las familias y los
ciudadanos necesita que las medidas adoptadas se agilicen,
que la maquinaria burocrática acelere las soluciones.
Hace falta también una mayor regeneración de la democracia,
es necesaria más cercanía de la política y los políticos a
los ciudadanos, una Reforma de la Ley Electoral, que
favorezca una elección más personalizada y una
circunscripción más próxima, que permita más transparencia y
donde la opacidad no salga beneficiada.
Es importante la participación social, que la ciudadanía
levante la voz, para que ésta se oiga y llegue hasta los
despachos de las más altas autoridades locales, nacionales y
europeas, porque en definitiva están al servicio de los
ciudadanos, que necesitan ser escuchados, encontrar un
bálsamo ante el sufrimiento y obtener respuestas a sus
demandas.
Ciudadanos, que con sus razones y su responsabilidad cívica
en el desarrollo de las manifestaciones, engrandecen la
democracia, que vería incrementado su valor con la
confluencia, colaboración, y entendimiento de las
principales organizaciones políticas, sindicales, sociales y
económicas del país.
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