|
“Si los únicos ingresos proceden de la venta de chatarra
(70.000-90.000 euros al año dependiendo del precio que
oscila en el mercado) se desconoce si se venderá”. Con estas
palabras, la actual gestora de la planta de descontaminación
de Benzú explica que el coste del servicio si lo gestiona de
forma directa la Ciudad supondrá, como “mínimo”, entre
80.000 y 100.000 euros al año, “prácticamente lo mismo que
en el actual contrato y, en consecuencia, el ahorro será
inexistente”. Y es que, tal y como anunciaba la Consejería
de Medio Ambiente, Servicios Comunitarios y Barriadas, no
está previsto vender la chatarra de los vehículos que se
traten en el CAT.
En el caso de que decidiera venderse en el mercado,
obligaría a “abrir procedimientos de contratación pública,
con lo que no se evita la participación privada en la
gestión del Centro y sí se complica su gestión
administrativa”, se asegura en el documento presentado por
Ibermad S.L. al Ejecutivo.
Además, “al no poder Obimace vender las piezas se estarán
incumpliendo, por un lado, los objetivos de recuperación y
reutilización marcados por la legislación específica y, a su
vez, dificultará que los ceutíes con vehículos más antiguos
tengan acceso a piezas de segunda mano a un precio
asequible, como ocurre en la actualidad”.
Según Ibermad S.L., los CAT “tienen la obligación de separar
las piezas y componentes reutilizables para volver a
ponerlas en el mercado”, en base al artículo 8.3 del Real
Decreto 1383/2002. “La pretensión de no vender las piezas
optando por prensar sin separar todo el contenido de los
vehículos, como parece anunciar el consejero en la prensa
local”, en referencia al artículo de EL PUEBLO del pasado 26
de febrero, “no es una opción de gestión del CAT conforme
con la legislación específica en gestión de residuos ni con
el principio jerárquico establecido en dicha normativa”.
Por otro lado, desde la empresa se asegura que si la
sociedad municipal Obimace gestiona el CAT dará lugar a
“cierta confusión entre quién lleva a cabo la gestión y
quién debe ejercitar las acciones de control y vigilancia”.
En último término, la gestión de los vehículos al final de
su vida útil “debe reconocerse como una práctica de riesgo
al mezclarse residuos peligrosos con chatarra y piezas que
tienen valor de mercado y por eso su responsabilidad recae
sobre gestores autorizados de reisudos peligrosos,
experiencia y acreditación con la que no cuenta Obimace”,
sentencian.
|
medio ambiente 
