La primera Declaración de los Derechos de la Mujer y de la
Ciudadanía, fue redactada en 1791 por Olumpe Guoges, que
constituye un alegato en favor de las reivindicaciones
femeninas y una proclama de la universalización de los
derechos humanos. Reclamaba un trato igualitario hacia las
mujeres en todos los ámbitos de la vida, tanto públicos como
privados. A ese texto han seguido otros: Declaración
Universal de los Derechos Humanos. Carta Internacional de
los Derechos Humanos. Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer. Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer. Declaración de Senecar Falls. Fondo de Desarrollo de
las Naciones Unidas para la Mujer. Y la Convención sobre los
derechos humanos de las personas con discapacidad, tan
importante para todas las mujeres con discapacidad.
Pero lo cierto, es que dos siglos y medio más tarde, siguen
todavía perdurando muchas de las reivindicaciones de aquella
primera Declaración y manteniendo la esperanza de una
sociedad que devuelva la dignidad, el respeto, la justicia
la igualdad de trato y de oportunidades a las mujeres, en
general y a las mujeres con discapacidad de forma especial,
como colectivo al que la sociedad, con sus estigmatizaciones
legislaciones y costumbres, ha convertido un grupo mucho más
vulnerable, agravada por la situación actual que estamos
atravesando.
Las mujeres con discapacidad luchamos por la plena
ciudadanía, por el reconocimiento de nuestros derechos y por
nuestra participación en igualdad en una sociedad que
respete la diversidad. Por ello no se pueden apoyar medidas
que pongan en peligro los avances históricos alcanzados
hasta la fecha en esta materia. La sociedad no es un
mercado, ni las personas piezas intercambiables de un
engranaje donde solo cuente la producción y el lucro.
El estado de bienestar es una importante conquista alcanzada
a través de la lucha de muchas mujeres y muchos hombres que
nos precedieron y que no debemos dejar que desaparezca
solamente porque se insista en que se trata de un modelo
insostenible. Frente a ello las mujeres con discapacidad
alzamos la voz para dejar bien claro que nuestro modelo de
sociedad no es éste, sino otro bien distinto en el que los
derechos humanos son el discurso y la práctica que marcan
nuestro día a día.
Desde la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad,
instamos a nuestros dirigentes políticos, a todos los
niveles, y en el ejercicio de sus obligaciones, a:
·Cumplir y hacer cumplir la normativa aprobada tanto a nivel
nacional como internacional, con la finalidad de no
incrementar la precariedad y pobreza de las mujeres con
discapacidad, que en las actuales circunstancias por las que
está atravesando nuestro país está siendo dramática.
·Remover los obstáculos existentes, ya sean legislativos o
sociales, para el ejercicio real en la igualdad de trato y
de oportunidades para las mujeres con discapacidad.
· Que se mantenga una red de servicios públicos
especializados en materia de prevención y tratamiento de
casos de violencia que tengan en cuenta la realidad de las
mujeres con discapacidad.
· Que se garantice la existencia de un sistema sanitario
universal, público y gratuito, totalmente accesible para las
mujeres con discapacidad.
· Que se garantice un sistema público de pensiones que
permita a las mujeres del colectivo poder llevar una vida
digna, sin tener que recurrir a modelos privados de gestión.
· Que se cuente con los recursos necesarios para dar plena
efectividad a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en Situación de Dependencia, pilar
fundamental para la emancipación y la vida independiente de
las mujeres con discapacidad.
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