Con motivo de la designación de 2013 como Año Europeo de la
Ciudadanía, y tomando en cuenta que la expresión máxima de
la ciudadanía europea la encontramos en la libertad de
circulación de personas entre los países, así como en el
libre acceso a las instituciones, sometiendo su ejercicio y
alcance a los principios generales del Derecho, como son los
de no discriminación, proporcionalidad y protección de
derechos fundamentales; Teniendo en cuenta que el ejercicio
de la ciudadanía se caracteriza por la participación activa
de la misma en la política, ejerciendo el derecho al voto y
a la elegibilidad en procesos electorales.
Recordando que las niñas y mujeres con discapacidad
representan más de la mitad de las personas con discapacidad
y más del 16% de las mujeres en la Unión Europea, y que
estas se enfrentan extendidamente a la discriminación
múltiple que, en la práctica, constituye una violación seria
y constante de los derechos y las libertades fundamentales
de ciudadanía de las mujeres y niñas con discapacidad; El
Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI), a través de Comisión de la Mujer y de
su Red Estatal de Mujeres, DEMANDA
1.- Una revisión de la legislación para garantizar la no
discriminación de las niñas y las mujeres con discapacidad,
adoptando todas las medidas de carácter legislativo,
administrativo, social y educativo necesarias para
garantizar el igual reconocimiento de todas las niñas y
mujeres con discapacidad ante la ley y su capacidad jurídica
como ciudadanas de pleno derecho, incluida el de tomar sus
propias decisiones. Esto comprende decisiones relativas a su
fertilidad, a la maternidad, a establecer relaciones, a ser
propietarias y heredar bienes, a controlar sus propios
asuntos económicos y a gozar del acceso, en igualdad de
condiciones con las demás personas, a préstamos bancarios,
hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, así
como de ejercer su derecho de su sufragio, activo y pasivo,
y a participar en la toma de decisiones en los asuntos
públicos.
2. El asegurar una protección adecuada a las niñas y a las
mujeres con discapacidad, frente a la violencia que puedan
sufrir, y erradicar la incapacitación, la esterilización
forzosa y el aborto coercitivo.
3. La necesidad de tomar las medidas necesarias para que las
niñas y mujeres con discapacidad puedan gozar de un acceso
verdadero al entorno físico, al transporte, a la información
y la comunicación y la comprensión, incluyendo las
tecnologías y los sistemas de la información y la
comunicación, o a otros ámbitos, bienes y servicios abiertos
al público o puestos a disposición del público, como por
ejemplo la atención sanitaria, tanto en las zonas urbanas
como en las rurales.
4. El impulso de acciones positivas a favor de la
contratación y permanencia en el empleo de las mujeres con
discapacidad y de las madres, y cuidadoras y asistentes no
profesionales de personas con discapacidad, mejorando su
conciliación entre la vida laboral y la vida personal,
mediante medidas efectivas basadas en sus circunstancias
específicas.
5.- El fomento de la plena participación en la vida
política, impulsando medidas de acción positiva por parte de
los partidos y agrupaciones políticas para incrementar el
número de mujeres con discapacidad candidatas en las
elecciones al Parlamento Europeo de 2014.
6. La inclusión de la discapacidad y el género en las
acciones desarrolladas por el Gobierno de España en el marco
del Año Europeo de la Ciudadanía, así como en el Segundo
Informe sobre la Ciudadanía de la Comisión Europea, en
colaboración con el Foro Europeo de la Discapacidad, que
servirá como plan de actuación para eliminar los obstáculos
que todavía impiden el ejercicio de los derechos de
ciudadanía en sectores en riesgo de exclusión, como es el de
las mujeres y niñas con discapacidad.
¡Las mujeres con discapacidad luchamos por la plena
ciudadanía, por el reconocimiento de nuestros derechos y por
nuestra participación en igualdad en una sociedad amplia y
diversa!
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