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Dentro de un panorama en el que se impone el sistema
financiero y mercantil sobre la dignidad de las personas,
surgen políticas restrictivas y de recorte de derechos que
hacen que las mujeres sean las grandes perdedoras. Se ponen
en peligro cuestiones como el trabajo de las mujeres en
apoyo a las personas dependientes; el acceso al derecho a
interrumpir un embarazo no deseado, el derecho al uso de una
vivienda digna… A esto sumamos la situación de las mujeres
de los colectivos más vulnerables, que nunca han sido
atendidas adecuadamente: las mujeres en prisión, en
exclusión y marginación, las mujeres mayores con pensiones
mínimas, las mujeres explotadas laboralmente dentro de la
economía sumergida, las inmigrantes sin papeles y, en
especial, las trabajadoras del sexo.
Hoy, la Europa de las “libertades” y la “Democracia” fustiga
a los Estados con innumerables medidas de austeridad que
repercuten en sus obligaciones sociales. En este paisaje,
sentimos un miedo incontenible de perder los avances que se
han conseguido en cuestiones de Igualdad entre hombres y
mujeres. Avances logrados tras acciones y luchas
reivindicativas desembocadas en normativas y preocupaciones
sociales y políticas que apostaban por la igualdad. La
cuestión es que, cuando de la economía se trata, la
situación de las mujeres pasa a un segundo plano.
A pesar de la crisis que estamos viviendo, no ha habido
cambios en los sistemas económicos que los humanicen y
adapten a las necesidades de las sociedades y las personas
que las conforman.
Las políticas restrictivas de las garantías sociales mínimas
en Europa, y en España, afectan a los niveles de igualdad.
Se impone el sistema financiero y mercantil sobre todas las
cosas. No importa que con él se retroceda décadas en la vida
de muchas personas.
El desmantelamiento del sistema público de servicios básicos
repercute más en la mujer
Con infinidad de cuestiones aún pendientes en asuntos de
equidad y de justicia social, con unas pocas políticas de
igualdad de oportunidades, de conciliación de la vida
familiar y laboral que tenemos asentadas, asistimos al
desmantelamiento del sistema público de servicios básicos.
Incluso, aunque con ello se ponga en peligro cuestiones tan
importantes como el apoyo a las personas dependientes y a
las que emplean parte de sus vidas en cuidarlas; éstas
últimas en su mayoría mujeres.
Nos parece igualmente problemático que convicciones morales
particulares puedan tirar por tierra años de lucha por
normalizar la educación sexual y crear la libertad y las
garantías sanitarias oportunas que permitan acceder al
derecho a interrumpir un embarazo no deseado.
Tampoco se inmutan ni muestran un ápice de sensibilidad
quiénes ordenan los desahucios. En muchos casos se trata de
familias monoparentales, en las que a su cabeza hay una
madre sola enfrentando una situación de paro y pobreza.
Porque la pobreza iguala, sí, precisamente es lo que más
iguala. Si a los recortes en sanidad, educación,
prestaciones sociales y tantos otros, sumamos el desinterés
por observar cómo estos afectan a la situación de colectivos
más vulnerables, entonces quizá podamos asegurar que durante
un tiempo de espejismos embaucadores sólo se hacía y decía
lo “políticamente correcto” y poco más en los temas
relacionados con la situación de muchos colectivos de
mujeres.
Porque si los avances y los cambios hubieran sido fuertes y
sólidos, hoy nadie se atrevería a tirar por tierra muchos
logros pretendidamente conseguidos. Nos podemos preguntar
ahora qué va a pasar en colectivos en contextos de pobreza
cuando la universalización de los servicios sanitarios, o
educativos no estén al alcance.
Y profundizando más en cuestiones relacionadas con la
situación de las mujeres, qué va a pasar con lo nunca bien
abordado, lo nunca atendido en su medida justa: las mujeres
en prisión, en exclusión y marginación, las mujeres mayores
con pensiones mínimas, las mujeres y la explotación laboral
de la economía sumergida, las inmigrantes sin papeles, y
tantas y tantas cuestiones.
En la mayoría los casos de vulneración de los derechos
fundamentales de mujeres hay detrás una violencia
estructural del sistema.
Las mujeres que ejercen la prostitución
En la fecha del 8 de marzo caben muchas reivindicaciones,
quizá faltarán fechas y años para poder recogerlas. En la de
este año queremos abordar el tema de la PROSTITUCIÓN, y todo
lo relacionado con la dignidad de las personas que la
ejercen.
Es obvio que la PROSTITUCIÓN es un fenómeno muy complejo.
Muchas y muy distintas son las circunstancias, las
situaciones socio-económicas de quienes la ejercen y de
quienes la demandan. Por ello, tendemos a posturas radicales
que generalizan demasiado y miden con el mismo rasero cosas
diferentes.
Sentimos el compromiso de avanzar en el conocimiento de las
realidades que viven quienes trabajan en el contexto de la
prostitución, y centrarnos en aquéllas situaciones que
presentan mayores problemas de exclusión social.
Tenemos la firme convicción que la solución a muchos
problemas relacionados con la prostitución está en las
mejoras de las condiciones laborares y de vida de quiénes se
dedican al trabajo sexual.
Nuestra postura está comprometida con el reconocimiento de
los derechos laborales, el empoderamiento de las mujeres que
libremente hayan optado por la realización de la actividad
como medio de conseguir su remuneración económica, con el
acompañamiento y apoyo a quiénes se encuentran en
situaciones de vulneración de sus derechos.
Queremos denunciar rotundamente como la proliferación de
ordenanzas municipales empeoran y ponen en una mayor
precariedad el ejercicio de la prostitución en la calle,
queriendo invisibilizar una realidad social a la que no se
va atender y que, aunque se haya hecho constar en el momento
de las sucesivas apariciones de las ordenanzas, nunca llevan
una contrapartida de acciones sociales que ayuden en alguna
medida en la situación creada.
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OPINIÓN
/
MANIFIESTO
