En numerosas ocasiones he
expresado mi indignación y total rechazo ante la
proliferación de denuncias efectuadas por los portavoces de
las formaciones políticas en la oposición ante los medios de
comunicación, sin prueba alguna, que jamás llegan ante los
tribunales de justicia, entendiendo estos como los órganos
públicos competentes cuya finalidad principal es resolver
litigios con eficacia de cosa juzgada. Una estrategia
centenaria muy utilizada en nuestro pasado político más
cercano argumentada en el ancestral proverbio “injuria y
calumnia que siempre algo queda”.
En esta ocasión, centraré mis reflexiones en las acusaciones
protagonizadas por el portavoz adjunto de la coalición
Caballas, vertidas ante los medios de comunicación en
octubre del año 2010, relativas a un presunto “pelotazo”
protagonizado por el anterior Jefe de Gabinete del
Presidente de la Ciudad, Francisco Javier Sánchez Paris, con
motivo del procedimiento seguido en la adjudicación del
mobiliario del Conservatorio de Música ubicado en el
Complejo Cultural del Revellín. Unas acusaciones, que
ocuparon páginas y páginas en los medios de comunicación
locales, que situaron al ex Jefe del Gabinete en el
disparadero mediático.
Unas acusaciones desmentidas, en primer lugar, por quienes
entendíamos que dicha adjudicación había seguido
escrupulosamente los procedimientos administrativos
legalmente establecido a pesar de las acusaciones difundidas
en unos pocos medios de comunicación, y finalmente también
desmentidas, casi tres años después, tras ser requerido por
la Justicia para ratificar sus acusaciones iniciales, por
quien protagonizará unas afirmaciones en las que aplicó, una
vez más y no será la última, su particular estrategia
“injuria y calumnia que siempre algo queda”. Acusar
maliciosamente por el mero hecho de causar daño no puede
resultar gratuito bajo ningún concepto y mucho menos en las
circunstancias políticas actuales.
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