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El Consejo de Ministros aprobó ayer un anteproyecto de ley
para garantizar el suministro de electricidad y elevar la
competencia en las islas Canarias y Baleares y en las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como para reducir
los costes que suponen sus sistemas eléctricos.
La generación fuera de la Península corre a cargo,
fundamentalmente, de Endesa, que no se pronunciará sobre los
cambios, informa Efe, hasta conocer los detalles de la
reforma, que busca elevar el número de operadores de los
sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares (SEIEs).
El año pasado, el Gobierno encargó a Red Eléctrica un
informe para revisar por qué los extracostes peninsulares
pasaron de 300 millones de euros en 2005 a 1.800 en 2012 y
ver si se justifica hacer una nueva ordenación energética en
los archipiélagos, Ceuta y Melilla.
El objetivo es garantizar la seguridad del suministro en
Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, así como lograr que sus
sistemas eléctricos sean más “eficientes”, tanto
medioambiental como económicamente, con la introducción de
más competencia, explicó el ministro de Industria, José
Manuel Soria.
Para impulsar la instalación de generación “más eficiente” y
abaratar el coste, el anteproyecto plantea que las nuevas
instalaciones que se construyan en zonas donde se supera el
índice de cobertura puedan percibir el régimen retributivo
por razones de seguridad de suministro o eficiencia.
Actualmente, sólo se retribuyen los nuevos grupos cuando no
se supera este índice, que relaciona la potencia instalada
con los niveles de demanda punta, indica el Ministerio de
Industria en un comunicado.
Para favorecer la entrada de operadores no se podrán otorgar
estas retribuciones a las empresas que hoy concentran más
del 40% de la capacidad de generación en cada sistema.
Quedarán excluidas de esta limitación las plantas que hayan
sido adjudicatarias en concursos de renovables, las que
dispongan de autorización administrativa o las que hayan
sido inscritas en el registro de preasignación de
retribución de régimen especial.
Las instalaciones de bombeo y las regasificadoras pasarán a
la titularidad de Red Eléctrica y Enagás, respectivamente,
que gestionarán estas infraestructuras básicas para
garantizar el suministro en las islas y las ciudades
autónomas, según Soria.
Industria establecerá los mecanismos retributivos para
nuevas instalaciones de producción para disminuir el coste
de generación e introducir señales económicas de ubicación
para la resolución de problemas de restricciones técnicas en
determinados puntos de la red.
El coste del combustible, que supone más del 60% del coste
de generación en los SEIE, se determinará mediante un
“mecanismo competitivo”, subrayó el ministro.
La nueva normativa prevé que la Dirección General de
Política Energética y Minas pueda minorar la retribución
adicional a la producción cuando se reduzcan sustancialmente
la disponibilidad de las instalaciones, la seguridad del
suministro o los índices de calidad. Además, Red Eléctrica
dará órdenes de arranque a las instalaciones de generación
sobre las que existan “indicios” de que se encuentran
realmente disponibles y, en su caso, se suprimirá la
retribución por garantía de potencia. “Si la instalación no
corrige sus deficiencias deberá solicitar la baja en el
registro”, añade el comunicado.
Para reforzar la capacidad del Gobierno de actuar en caso de
riesgo para el suministro, se modificará la Ley del Sector
Eléctrico, que establece que en caso de riego elevado el
Ejecutivo puede operar directamente las instalaciones de
generación, transporte o distribución e intervenir empresas.
En esta misma línea, añade Industria, se contempla que la
Administración General del Estado pueda imponer sanciones
cuando se produzcan infracciones muy graves que comprometan
la seguridad de suministro.
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