El pliego de prescripciones técnicas para la licitación
del contrato de alumbrado público -mantenimiento y
repososición- está ya finalizado, pero aún falta cerrar el
de cláusulas administrativas. El consejero de Hacienda,
Guillermo Martínez, considera que estará listo para la
licitación en el plazo de unos diez días. El presupuesto del
nuevo contrato, separado del coste del suministro, con el
que se pensó unir en un principio, será de unos 500.000
euros anuales y el contrato, de 1 año prorrogable.
El nuevo contrato para el servicio de mantenimiento y
reposición del alumbrado público saldrá a licitación en
marzo. Según señala el consejero de Hacienda, Economía y
Recursos Humanos, Guillermo Martínez, el pliego de
prescripciones técnicas está ya cerrado y sólo queda por
terminar el de cláusulas administrativas, por lo que calcula
que en el plazo de unos diez días, la documentación podría
estar lista para la publicación del correspondiente anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad (BOCCE).
Por su parte, la Consejería de Fomento, a través de la
Gerencia de Infraestructuras y Urbanismo (GIUCE), ha
preparado un pliego de condiciones técnicas para un contrato
que sería de 1 año prorrogable y con un presupuesto que
rondará los 500.000 euros.
El proceso para la adjudicación de este servicio se inició
en octubre de 2011, cuando la Ciudad Autónoma aprobó un
gasto plurianual para el contrato de alumbrado público que
en principio iba a contratarse por un periodo de 10 años y
por importe de 1,7 millones de euros, ya que se unificaba el
mantenimiento y reposición con el pago de las facturas del
alumbrado público. Con la unificación de ambos contratos se
buscaba un “ahorro” porque además se pretendía incluir como
condición la instalación de nuevos sistemas de bajo consumo,
como las lámparas Led.
En abril de 2012, el grupo Caballas denunció “oscurantismo”
en la redacción de los pliegos tanto de limpieza pública
viaria como de alumbrado. Respecto a este último, los
localistas señalaban que el contrato se pretendía adjudicar
“por un importe que no cubre los costes de los servicios que
se quieren abarcar”. En junio, este mismo grupo anunciaba la
suspensión del procedimiento administrativo “una vez
abiertas las plicas”.
La consejera de Fomento, Susana Román, explicó entonces que
la Ciudad se había replanteado las características de este
contrato, sobre todo su duración, al haber variado también
las circunstancias económicas como consecuencia de la
aplicación de los Planes de Ajuste y Sostenibilidad. Por
último, en octubre del pasado año, el Gobierno anunció que
el contrato se dividiría en dos con el mismo argumento
utilizado para unificarlo: el ahorro. Tal como indicó el
portavoz del Ejecutivo, con el nuevo sistema, este recorte
en el gasto será de entre 350.000 y 400.000 euros anuales.
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