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Entre 100.000 y 115.000 empleados públicos podrían ser
despedidos como consecuencia de la reforma de la
administración local, según estima la Central Sindical
Independiente y de Funcionarios (CSI-F), aunque ha precisado
que éstos también podrían ser trasladados a otra
Administración local o ver modificadas sus condiciones
laborales. Las cifras del CSI-F son menos negativas que las
del PSOE. El secretario de Política Municipal de la
Ejecutiva Federal del PSOE, Gaspar Zarrías, aseguró el
pasado 9 de febrero que la reforma de la administración
local prevista por el Gobierno provocará la pérdida de más
de 200.000 empleos públicos.
En un encuentro con los medios de comunicación, el
presidente del sindicato, Miguel Borra, ha explicado que el
anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno recientemente
afecta “de manera troncal” a las condiciones laborales de
más de medio millón de empleados públicos, “pero lo hace de
forma más directa en unos 115.000”. Las cifras del CSI-F son
menos negativas que las del PSOE. El secretario de Política
Municipal de la Ejecutiva Federal del PSOE, Gaspar Zarrías,
aseguró el pasado 9 de febrero que la reforma de la
administración local prevista por el Gobierno provocará la
pérdida de más de 200.000 empleos públicos, además de
suponer “un verdadero desmantelamiento” de los
ayuntamientos.
Aunque ha reconocido aspectos “positivos” en el texto, en
líneas generales, CSI-F se ha mostrado en desacuerdo con
este proyecto de ley “porque abre la puerta a la
privatización de los servicios públicos y pone en riesgo
puestos de trabajo”. Por ello, ha reclamado su negociación
“urgente” en el ámbito de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP).
Para la organización, con esta reforma “se está perdiendo la
oportunidad histórica para definir la función de la
Administración española”. CSI-F ha apostado por que se
establezca un catálogo con las funciones que pueden
desarrollar las administraciones y con las que no.
“En estos años, los ayuntamientos y comunidades autónomas se
han gastado todo lo que recaudaron con el ‘boom
inmobiliario’, se han endeudado hasta límites insospechados
con los bancos y han dejado de pagar a sus proveedores”, ha
recordado Borra, quien cree que hay que establecer “de una
vez” un coto “al arbitrio del político de turno en cuanto a
las acciones de las administraciones”. Asimismo, ha
subrayado que los servicios sociosanitarios o los de
seguridad son “esenciales” para la población, “por lo que no
deberían externalizarse ya que solo las administraciones
públicas pueden garantizar su calidad”.
Entre los aspectos que ve “positivos”, ha destacado la
reducción del número de asesores propuesta por el Gobierno,
aunque la considera “insuficiente para afrontar el grave
problema de derroche y gastos superfluos que afecta a las
administraciones”. En este sentido, ha señalado que “hubiese
estado bien conocer el número exacto de asesores que hay
ahora mismo en España, pues es difícil acceder a esos
datos”. Según sus cálculos, actualmente habría unos 20.000
asesores en la Administración española.
Destrucción de empleo
CSI-F ha remarcado su temor ante los posibles despidos que
esta reforma del ámbito local podría acarrear, “al igual que
una merma de la calidad de los servicios que se prestan a
los ciudadanos”. Por este motivo, ha recalcado su intención
de defender los servicios que entiende que la Administración
local debe desarrollar.
Además, el sindicato ha avisado de que no aceptará la
modificación “unilateral” de las condiciones de trabajo de
los empleados locales, por lo que ha exigido garantías sobre
la estabilidad laboral del colectivo.
“Nosotros estamos dispuestos a negociar todo, pero siempre
teniendo en cuenta que hay servicios que solo pueden prestar
las administraciones públicas”, ha reiterado Borra. En
cuanto a la reunión que mantendrán hoy en Moncloa con el
consejo asesor para la reforma de la Administración Pública,
ha reconocido que solo han recibido la convocatoria, “sin
orden del día”.
No obstante, ha afirmado que el sindicato va con “espíritu
constructivo para demostrar al Gobierno que quiere
participar en todo lo que está haciendo”. CSI-F quiere que
este encuentro suponga el “pistoletazo de salida” para más
reuniones y una mayor participación de la organización.
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El compromiso de Vivas por mantener “el empleo estructural”
La “memoria” que elaboró el
Gobierno de la Ciudad para el “adelgazamiento” del sector
público empresaria, está a la espera de la aprobación final
del anteproyecto de ley sobre la reforma de la
administración local. El plan del Ejecutivo local era que
las diez sociedades actualmente existentes se fundirán de
modo que queden en cuatro. Un esquema que parte, explicó
Vivas, de unos objetivos “irrenunciables”, que son
“asignación de cometidos en base a la ley, polivalencia,
complementariedad, eficiencia y transparencia”. Y sobre
todo, como ha reiterado el presidente de la Ciudad en
múltiples ocasiones, el “compromiso” de mantener “el empleo
estructural vinculado a las sociedades que ahora mismo hay”.
Un compromiso que habrá que comprobar si finalmente es
posible cumplir.
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legislación
