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La alarma ya está dada: los
sindicatos han dejado muy claro que, en caso de
privatización de los Registros Civiles habrá conflicto. Un
problema que surge a consecuencia de un cambio de modelo que
se privatiza y pasa de ser universal, público y gratuito a
convertirse en la mercantilización de un servicio público de
la Administración de Justicia que convierte lo que es un
servicio público gratuito en privado y de pago para la
ciudadanía, además de eliminar a 3.500 empleados públicos.
Este sombrío panorama que se vislumbra, con el anteproyecto
de Ley que, a modo de borrador, se ha conocido como una de
las reformas que pretende el ministro de Justicia, Alberto
Ruiz Gallardón, ha hecho que los sindicatos alcen la voz y
manifiesten que están dispuestos a ir a la “guerra”
reivindicativa con toda la fuerza de la que sean capaces.
En algún ámbito institucional de la Administración de
Justicia se duda de que llegue a feliz término esta fórmula
y se comenta que hasta que no se encuentre publicado en el
Boletín Oficial del Estado, no es creíble, aunque en ese
caso lo cierto es que ya será tarde y el cambio se habrá
consumado. La movilizaciones que se anuncian son el preludio
de un conflicto del que los empleados públicos vislumbran un
intento de “darle juego” a Registradores de la Propiedad y
notarios, tras la caída en picado de las transacciones
inmobiliarias. Se critica en sentido mercantilista de la
medida que tendría un claro perjuicio para el bolsillo del
ciudadano que habría de pagar a un servicio privado lo que
ahora es simbólico. Una medida de profundo calado social,
que sensibiliza mucho a la opinión pública, que afecta
directamente al empleo público por la incidencia directa en
el personal interino de cara a la pérdida de empleo que
supondría para este sector laboral y trasladar a
registradores de la Propiedad, unas funciones especializadas
que hasta ahora vienen desarrollando funcionarios de
Justicia.
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OPINIÓN / EDITORIAL
