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La privatización de los Registros Civiles en toda España,
una reforma que prepara el Ministerio de Justicia que lidera
Alberto Ruiz Gallardón, mantiene a la expectativa a un
colectivo de 4.000 empleados públicos de Justicia en todo el
territorio nacional. Los sindicatos, con los que ha hablado
EL PUEBLO DE CEUTA se muestran tajantes y anuncia fuertes
movilizaciones si, finalmente, lo que hoy es un borrador de
anteproyecto de Ley, inicia su trámite parlamentario para
convertirse en Proyecto de Ley. A lo largo de este informe
desarrollamos el estado de este asunto conflictivo.
Los sindicatos dicen que “montaremos la batalla en el
Registro Civil. Si se trata de privatizar, nos movilizaremos
y ahí sí que echaremos toda la carne en el asador”, han
dicho a este periódico los sindicatos judiciales en una
semana en la que se han movilizado jueces y fiscales.
El actual borrador del anteproyecto de Ley provoca no pocos
recelos y la desconfianza ha hecho que ya se comiencen a
plantear movilizaciones. Se quiere y se defiende un modelo
de Registro Civil de carácter universal, público y gratuito
servido por personal de la Administración de Justicia.
“Porque la privatización del Registro Civil que pretende
Ruiz Gallardón supone mercantilización del servicio público
de la Administración de Justicia, y convertir un servicio
público universal y gratuito en uno privado de pago para la
ciudadanía, además de eliminar 3.500 empleos públicos”. Los
sindicatos entienden que “la privatización de la Justicia se
extiende a los actos de comunicación (servicio de
notificaciones y embargos) y el ministro de Justicia
pretende igualmente entregar a la gestión privada estos
servicios prestados por personal funcionario, lo que
supondría la eliminación de otros miles de puestos de
trabajo”.
“Si van a desmantelar los Registros Civiles, vamos al ataque
-dicen desde los sindicatos judiciales-, porque supone la
eliminación del personal interino y reubicarnos a los
funcionarios judiciales en otras dependencias de los demás
juzgados y la explicación que nos dan es que hay muchas
competencias en la actualidad en los Registros Civiles y se
las quieren dar a los Registros de la Propiedad y a los
notarios”.
Ya hay un antecedente de movilizaciones duras. En el año
2008, los funcionarios del sector de Justicia de Ceuta se
mantuvieron dos meses de huelga y movilizaciones para
equipararse en complementos a todos los de las Comunidades
Autónomas que tienen transferidas las competencias y al
final tuvimos el reconocimiento del Ministerio que lideraba
Bermejo. Una defensa que hicieron los funcionarios solos sin
apoyo de jueces y fiscales, por lo que este miércoles les
han devuelto la pelota en no apoyarlos, por el recelo
existente, ya que en esos dos meses, los funcionarios de
Justicia no tuvieron el más mínimo apoyo de jueces y
fiscales.
El reconocimiento de entonces a sus reivindicaciones se
tradujo en pasar de cobrar los 180 euros por los
complementos que reclamaban a hacerlo por 400 euros en una
equiparación que se obtuvo por las reivindicaciones
realizadas. Ese fue un antecedente duro a nivel sindical que
se incrementará en el caso de que se privatice los Registros
Civiles, ya que hay mucho más en juego y se podría desatar
una verdadera batalla.
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Una semana de movilización y de recelos contra las reformas
en la Administración de Justicia
Esta semana, el miércoles
concretamente, jueces y fiscales, protagonizaron una huelga
a nivel nacional en protesta contra las medidas de reforma
emprendidas por la cartera del ministro de Justicia, Alberto
Ruiz Gallardón. y que en el caso de Ceuta tuvo escasa
incidencia, ya que fueron decisiones particulares las que se
adoptaron y no hubo la pretendida concentración de una hora
a la puerta de los Juzgados. Y ello no quiere decir que no
exista malestar en el ámbito judicial, como lo hay en el
caso de los funcionarios que están a la expectativa de ver
qué sucede con el Registro Civil: si se privatiza o no y si
lo que hoy es un anteproyecto de Ley, pronto sea algo más
avanzado. En cualquier caso, los sindicatos judiciales ya se
están moviendo y recelan de un borrador que, según su
opinión, “puede poner a muchos compañeros en la calle”. Una
opinión que, desde estamentos administrativos de Justicia no
es compartida y consideran que “hasta que no se vea en el
BOE...”
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