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El Gobierno reducirá en un 80% el tramo variable de las
tasas judiciales para las personas físicas y eliminará las
tasas en separaciones y divorcios de mutuo acuerdo o en la
condena a costas a pagar a la entidad bancaria por parte de
la familia desahuciada o sus avalistas. El Consejo de
Ministros aprobó ayer un decreto ley por el que se modifica
la Ley de Tasas Judiciales y se anticipa la entrada en vigor
de los beneficios recogidos en el anteproyecto de Justicia
Gratuita para que los colectivos que tengan derecho a ella
puedan disfrutarla desde ahora.
Desde el Ejecutivo, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de
Santamaría, justificó este “ajuste” de la norma en atención
a una opinión “muy cualificada” como la de la Defensora del
Pueblo, que se ha hecho eco de las “importantes” demandas de
los ciudadanos. En Ceuta, esta tasas han sido duramente
criticadas por todos los colectivos, desde el Colegio de
Abogados a jueces y fiscales.
La decana del Colegio de Abogados ceutí, Isabel Valriberas,
ya advirtió que la Ley de Tasas supondría un obstáculo en el
acceso a la justicia para los ciudadanos y que la clase
media sería la más afectada.
El Ejecutivo calculó que con la nueva Ley de Tasas se
recaudarían unos 306 millones de euros y augura que los
cambios tendrán una incidencia inferior al 5% de dicha
previsión ya que ésta tuvo en cuenta especialmente el tramo
fijo de las tarifas.
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acuerdo
