La Consejería de Fomento derribó ayer una vivienda en
construcción en la parte trasera del centro de menores San
Ildefonso. El portavoz del Gobierno local, Guillermo
Martínez, anunciaba que esta demolición había sido
“inmediata” a causa de que la obra se estaba realizando en
una vaguada y ponía “en riesgo la salud de los habitantes de
la casa”. La Unidad de Prevención y Reacción (UPR) del
Cuerpo Nacional de Policía controló la zona mientras los
operarios trabajaban. Martínez anunció que Fomento “está
intentando arbitrar todas las situaciones de irregularidad
en la medida de lo posible y no sólo en el Príncipe”.
La consejera de Fomento, Susana Román, dio cuenta ayer al
Consejo de Gobierno de la “demolición” de una vivienda en la
zona trasera del centro de menores San Ildefonso, en la
barriada de Príncipe Alfonso. El derribo fue de una casa que
contaba ya con una planta, un muro de contención para el
agua y cimientos, que iban a convertirse en otra altura. El
portavoz del Ejecutivo local, Guillermo Martínez, explicaba
ayer en rueda de prensa que esta demolición había sido
“inmediata” porque se trataba de una obra “ilegal en una
vaguada, sin ningún tipo de permiso y que ponía en riesgo la
salud de los habitantes de la vivienda”, aunque la
edificación hubiera comenzado, al menos, en julio de 2012.
La Unidad de Prevención y Reacción (UPR) del CNP y la
Policía Local se trasladaron hasta el lugar para evitar que
se produjera algún altercado en el momento de la entrada de
las máquinas en esta vaguada, que linda con el terreno en el
que tanto Delegación del Gobierno como Ciudad tienen
previsión de construir la futura Jefatura Superior de
Policía -tal y como se anunció durante la visita del
ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en mayo de 2012
y según han reiterado tanto presidente como delegado en
diversas intervenciones-.
En cuanto a si está previsto derribar más viviendas ilegales
en esa vaguada, en la que hay varias, el portavoz afirmó que
le “consta” que desde la Consejería de Fomento “se están
intentando arbitrar todas las situaciones de irregularidad
en la medida de lo posible”, con el propósito de que “se
produzcan no solamente en la trasera de la guardería de San
Ildefonso, sino en el resto de la ciudad”. Las últimas
actuaciones en este sentido en el Príncipe y que han sido
anunciadas por la Ciudad, fueron la retirada de diferentes
palés por parte de Obimace y Parque Móvil de una vivienda de
tres plantas construida en terrenos pertenecientes al
Ministerio de Educación, y en otra ocasión se quitaron
varias chapas y también palés junto a una vivienda en Fuerte
Mendizábal.
A pesar del inicio de diversos expedientes de derribo, el
retraso, según la Administración local, se produce a causa
de su entrada en los juzgados, que ralentizan los trámites
de derribo. Sin embargo, también hay zonas en las que se
estudiará hacer “legalizables” obras ilegales, como es el
caso de las 225 VPO de Loma Colmenar, tal y como anunciaba
la propia consejera del área el pasado 9 de enero.
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Todavía no se ha creado el grupo de trabajo que anunció el
presidente en enero
Al presidente de la Ciudad, Juan
Vivas, las construcciones ilegales son un asunto que le
“preocupa”. Así lo manifestó el pasado 22 de enero en una
rueda de prensa conjunta con el delegado del Gobierno,
Francisco Antonio González Pérez. A pesar de que se haya
anunciado la creación de una unidad específica para luchar
contra este tipo de construcciones, el presidente prefirió
no dar datos acerca de este asunto. Tan sólo manifestó que
“los grupos de trabajo van a hacer una evaluación periódica
de los resultados de los trabajos y facilitarán esos datos”.
Por su parte, el delegado explicaba, en la misma
comparecencia, que los jueces “tienen que tomar decisiones,
las leyes hay que cumplirlas y eso a veces nos lleva a la
impaciencia; la Ley nos dice que cuando hay viviendas que
están finalizadas y techadas no se puede por un decreto
tirar esa vivienda, tiene que pasar por un tribunal y
decidir el juez”. Ejemplo de ello ha sido la petición por
parte de Fiscalía de un año de prisión por la construcción
de una vivienda de dos plantas en el vial de la ITV. El
acusado ya había sido multado de forma anterior por el
Ayuntamiento a causa de una primera construcción ilegal.
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