Los sindicatos de la Administración de Justicia han
remitido a la Defensora del Pueblo un escrito con el fin de
que traslade al Ministerio de Justicia una recomendación
sobre el acceso a la Justicia de los funcionarios públicos
cuando se trate de la defensa de sus derechos estatutarios y
laborales. Los sindicatos consideran que existe una “notable
vulneración” del principio de igualdad, al considerar que no
se les trata del mismo modo dentro de los funcionarios
públicos con respecto a los laborales.
La plataforma sindical de la Administración de Justicia
formada por las organizaciones CSI-F, CCOO, STAJ y UGT ha
remitido un escrito a la Defensora del Pueblo, con el fin de
conseguir que realice una nueva recomendación al ministro de
Justicia para obtener la exención de las tasas judiciales en
la defensa de los derechos laborales, e igualmente
solicitandole que presente recurso de inconstitucionalidad.
A este respecto, desde los sindicatos se ha resaltado que en
las recomendaciones que ha realizado la Defensora del Pueblo
al ministro de Justicia respecto a la Ley de Tasas
Judiciales, no han observado ninguna similar a la
recomendación referente al acceso a la Justicia de los
funcionarios públicos cuando se trate de la defensa de sus
derechos estatutarios y laborales.
En la Ley de la jurisdicción contenciosa-administrativo, en
la primera instancia este tipo de procedimientos la Ley de
tasas prevé una exención, pero no así para la segunda
instancia u otros recursos procesales, pues la exención está
prevista únicamente para “la interposición de recurso
contencioso-administrativo por funcionarios públicos en
defensa de sus derechos estatutarios”, mientras que para el
orden social, en la primera instancia, no existe tasa, y en
los recursos de Suplicación y Casación la Ley establece una
exención del 60%, que es precisamente lo que la
recomendación considera que debe suprimirse para dejar el
Orden social exento en todas sus instancias.
Por ello, la plataforma sindical de la Administración de
Justicia considera que se está produciendo una “notable
vulneración” del principio de igualdad, pues “no se nos está
tratando del mismo modo, dentro de los empleados públicos a
los funcionarios públicos con respecto a los empleados
públicos laborales” y en general con respecto a los
trabajadores sometidos al derecho laboral cuando se trata de
solicitar la tutela judicial efectiva sobre una misma
defensa de los derechos laborales, de ahí que hayan
solicitado que se envíe una nueva recomendación al
Ministerio de Justicia para que se eliminen todas las tasas
en el procedimiento contencioso-administrativo cuando se
trate de empleados públicos en defensa de sus derechos
estatutarios, todo ello basado en el principio de igualdad
de acceso a la ley de los empleados públicos.
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