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El Gobierno saca pecho del ajuste que está realizando
dentro del sector público. Sin embargo, las cifras bien
podrían sacarle los colores al Ejecutivo. El número de
asalariados de las empresas públicas de la Administración
General del Estados, las comunidades autónomas y los
ayuntamientos se incrementó un 5% a lo largo del pasado
ejercicio. En términos absolutos es donde se comprueba la
magnitud de la cifra: aumentó en 7.500 personas, hasta los
155.200 empleados a cierre de diciembre, frente a los
147.700 con los que terminó el primer trimestre del pasado
año.
El número de asalariados de las empresas públicas de la
Administración General del Estados, las comunidades
autónomas y los ayuntamientos se incrementó un 5% a lo largo
del pasado ejercicio. En términos absolutos es donde se
comprueba la magnitud de la cifra: aumentó en 7.500
personas, hasta los 155.200 empleados a cierre de diciembre,
frente a los 147.700 con los que terminó el primer trimestre
del pasado año. Unos datos que aplacan lo que está
ocurriendo en las Administraciones Públicas, donde, en el
mismo periodo, el número de asalariados disminuyó un 6,6%,
al rebajar la plantilla en 193.700 personas, hasta los
2.753.000 asalariados.
Llama la atención porque la mayoría de empleados de las
empresas públicas no ha pasado por un acceso como el de los
funcionarios, aunque Federico Durán, catedrático de Derecho
del Trabajo, recuerda que, teóricamente, se deberían
respetar los principios de igualdad, mérito, capacidad y
publicidad que rigen para los trabajadores del sector
público. Pero, tal y como explican los expertos consultados,
la clase política aprovecha estas entidades para colocar a
personas afines. Uno de los ejemplos lo encontramos en
Andalucía, donde se han producido varios escándalos por las
transferencias de dinero a sociedades públicas que empleaban
a personas que no habían pasado ningún proceso selectivo.
Pero también hay que apuntar al PP, puesto que la mayoría de
las autonomías están gobernadas por el partido que lidera
Mariano Rajoy.
Además de resultar contradictorio con la austeridad que
enarbola el Gobierno, y que nos exigen nuestros socios
europeos, y que pasa inevitablemente por reducir el
sobredimensionado e insostenible sector público español.
Administración paralela
También choca de frente con otras decisiones que están
tomando algunos Ejecutivos regionales, como privatizar la
sanidad al tiempo que aumenta el tamaño de las empresas
públicas . Desde la Central Sindical Independiente y de
Funcionarios (CSI-F), explican que con estas entidades se ha
creado toda una “Administración paralela”.
En este sentido, hay entidades muy criticadas, pues aunque
algunas pueden tener sentido y “tienen su razón de ser”
-como Loterías o Adif-, en otros cuesta encontrar la
utilidad pública, como es el caso de empresas que gestionan
estaciones de nieve o circuitos de velocidad.
Las empresas públicas, además, se utilizan en muchas
ocasiones para maquillar todo tipo de datos. Por un lado, al
aumentar las contrataciones, se están adulterando las cifras
de desempleo. Tarde o temprano, la situación económica, y,
sobre todo, los compromisos de reducción de déficit con
Bruselas obligarán a adelgazar esas estructuras, lo que
aumentará más las ya abultadas cifras de desempleo, aunque
proceda del ámbito público.
Pero lo más criticado es que sirva para ocultar deu da de
los gobiernos locales o autonómicos, pues su deuda no
computa como déficit, así que se convierte en una alfombra
donde guardar aquello a lo que la Administración no puede
hacer frente.
Los expertos lamentan que gran parte de las empresas
públicas no se muevan por criterios de rentabilidad, sino de
popularidad o de interés. Todo ello bajo el único argumento
de que crear una entidad de carácter público resulta más
sencillo que un aparato administrativo. Sin embargo, como
explica el catedrático Durán, “en su mayoría son pura
estructura de gasto”. Pese a que tienen que estar
controladas, el letrado reconoce que “tienen margen”.
Por otro lado, Durán destaca las condiciones favorables en
las que trabajan los asalariados de las empresas públicas .
Y pone el ejemplo: algunas empresas públicas premian a sus
asalariados si, por ejemplo, no han faltado más de 34 días
en todo el año a su puesto de trabajo con 1.400 euros al
final del ejercicio. “Son condiciones que en las empresas
privadas no se dan”, recuerda.
El profesor del IEB Miguel Ángel Bernal se refiere al
proceso realizado en los países nórdicos, donde se
transfirió la gestión pública a la empresa privada,
permitiendo “fuertes ahorros”. Por ello, Bernal apuesta por
que muchos servicios, que no todos, se saquen a concurso, en
búsqueda de una mayor rentabilidad.
España ha seguido el camino opuesto. Y ello pese al Plan de
Reestructuración y Racionalización del sector público
empresarial, aprobado el pasado marzo. A modo de ejemplo,
sirven las CCAA, que se comprometieron a liquidar 675 entes.
Sin embargo, todavía quedan más de 400 por cerrar,
demostrando la inacción de todas las partes en este sentido.
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¿Y el plan de reorganización del sector público de Ceuta?
El Gobierno local viene exponiendo
que “el gasto corriente de las sociedades municipales se ha
reducido por encima del 12% en el último ejercicio. No
obstante, ha transcurrido más de un año desde que el
Ejecutivo local aseguró que se encuentra en el proceso de
“adelgazar el número de sociedades”, quedando excluidos “los
procedimientos de privatización porque el mercado no está en
condiciones favorables”. Sin embargo, el Gobierno defiende
que “hay que buscar, donde proceda y para lo que proceda, la
colaboración público-privada”. Su ‘último’ plan para
reorganizar el sector público empresarial, consistía en que
las diez sociedades actuales quedaran refundidas en cuatro,
siempre con el “compromiso” de mantener “el empleo
estructural vinculado a las sociedades que ahora mismo hay”.
De momento, el Ejecutivo Local, cuya inacción ha quedado
demostrada en este sentido, parece pendiente de la normativa
nacional para avanzar en la reorganización del sector
público.
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