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Los sindicatos recibieron la negativa como respuesta al
abono, al menos a la parte devengada, de la paga extra de
navidad durante el acto de conciliación que ayer por la
mañana se celebró en la Delegación del Gobierno. Tres de las
cuatro empresas citadas, Amgevicesa, Obimace y RTVCE
mostraron su negativa mientras que Acemsa optó por ni
siquiera presentarse a la conciliación, por lo que los
sindicatos han destacado que finalmente será el Juzgado de
lo Social quien dicte sentencia.
Cuatro empresas municipales estuvieron llamadas ayer al acto
de conciliación al conflicto colectivo presentado por las
centrales sindicales para exigir la paga extra de navidad.
Estas empresas eran Acemsa, Amgevicesa, Obimace y RTVCE,
cuyos representantes debían presentarse en la Delegación del
Gobierno para intentar alcanzar un acuerdo con el fin de no
llegar a juicio.
Finalmente, tal y como dio a conocer a EL PUEBLO, el
presidente de CSI-F en Ceuta, Ricardo Martínez, todas las
empresas se negaron a esta conciliación, incluso Acemsa, que
estaba citada a las 9.30 horas, ni siquiera se presentó a
este encuentro.
Tras esta postura adoptada por las empresas municipales,
pese a que ya existen sentencias favorables a nivel nacional
sobre este asunto, CSI-F ya ha anunciado que el proceso
seguirá su curso y deberá ser en el Juzgado de lo Social el
que determine cual de las dos partes tiene la razón.
A este respecto, Martínez ha recordado que la Sala de lo
Social de la Audiencia Nacional (AN) dictó a finales del
pasado mes de enero una providencia en la que dudaba de la
constitucionalidad de la supresión de la paga de Navidad a
los trabajadores del sector público decretada por el
Gobierno en 2012. Del mismo modo también recordó que el 11
de enero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenó
a un departamento de la comunidad madrileña a abonar la
parte de la paga que se había devengado desde el inicio de
año hasta que se decretó su supresión en julio.
El presidente de CSI-F en Ceuta insistió en que “las
gratificaciones extraordinarias son un derecho recogido en
el Estatuto de los Trabajadores y, según ya ha aclarado en
numerosas ocasiones el Tribunal Supremo, se originan en el
día a día y no en la fecha en que el trabajador la percibe.
Por tanto, cuando se determinó que los funcionarios y
personal laboral de las Administraciones no iban a percibir
la paga extraordinaria, ya habrían adquirido el derecho a
percibir una parte de ella”.
Martínez, destacó a EL PUEBLO que “las decisiones de ambos
estamentos de la Administración de Justicia se basan en la
vulneración del artículo 9.3 de la Constitución Española,
que impide aplicar con carácter retroactivo medidas que
recortan los derechos individuales”.
Por su parte, el presidente de CSI-F en el sector de la
Administración Pública, Antonio Noguera, considera que “la
retroactividad del decreto de recortes vulnera las garantías
constitucionales, además de quebrar el principio de
seguridad jurídica”.
Atendiendo a estos argumentos, los empleados públicos
reclaman a la justicia que considere la posibilidad de
plantear una cuestión de inconstitucionalidad contra el
decreto de medidas de ajuste del pasado mes de julio. CSI-F
junto al colectivo de empleados públicos, de manera
paralela, solicita que se les devuelva la parte proporcional
de la paga extra devengada los días previos a la entrada en
vigor del citado real decreto (el decreto entró en vigor el
15 de julio y la paga se empieza a devengar en junio), en
línea con las recomendaciones del Defensor del Pueblo, que
ha sido desatendida por el Gobierno.
Finalmente, Noguera reiteró su “irrenunciable voluntad de
seguir defendiendo con la mayor firmeza los derechos e
intereses profesionales de los empleados públicos, desde la
movilización y las reclamaciones jurídicas y, también, desde
las propuestas serias, el diálogo y la negociación, sin
dejarnos arrastrar por las actitudes politizadas de los
cómplices y corresponsables de esta grave situación que, de
forma tan severa está afectando a los empleados públicos y
ciudadanos en general”.
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