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El mayor control en las naves que reivindican los
comerciantes del Polígono del Tarajal es consecuencia de su
propia anarquía. Nos explicamos: en un contexto de absoluto
desorden, quienes mantienen en el tiempo una situación
atípica, irregular y desordenada, son los menos indicados
para reclamar derechos cuando ellos son los primeros que no
cumplen con sus deberes.
El primer punto sería la regulación laboral, ya que dan muy
poco empleo y esta circunstancias, convierte a estos
comerciantes en vulnerables de cara a la legislación, porque
la vulneran. De manera que, si hiciéramos recuento de
empleados reglamentariamente registrados, no habría ni uno
por nave, que ya es decir. Por ello, a nivel de empleo, las
260 naves del Tarajal no suponen prácticamente nada para la
ciudad.
Y si abundamos en el capítulo de legalidad a nivel de
licencias de apertura, sucede otro tanto. Según nuestros
datos, de las 260 naves que hay se han inspeccionado 131,
detectándose que 55 se encuentran en situación ilegal y
otras 11 presentan variadas irregularidades. En este círculo
al margen de la ley, la Ciudad Autónoma de Ceuta ha de
afrontar la situación normalizando lo que hace mucho tiempo
dijo que iba a hacer y no ha hecho.
Por otra parte, si se ahonda en esta situación, se caen
muchos mitos acerca de que el polígono del Tarajal sea el
verdadero “motor económico” de Ceuta, cuando ni dan empleo
estable porque no hay empleados legalmente registrados, ni a
nivel de IPSI genera para la Ciudad Autónoma la rentabilidad
que pudiera parecer por el volumen de negocio que allí se
genera, máxime cuando la seguridad, sin contar mantenimiento
y limpieza de todo el Polígino, supone anualmente la
friolera de 1.800.000 euros al año y el IPSI que han
generado en este último año ha ascendido a unos 800.000
euros, lo que da lugar a una sencilla conclusión: el
polígono del Tarajal es deficitario para la Ciudad y para el
Estado y los únicos beneficiarios serán los propios
comerciantes a quienes les sale la seguridad gratis, cuando
en otros polígonos industriales de la península, la
seguridad se la pagan los propios comerciantes.
Se impone regularidad y hacer respetar las normas para
evitar el caos que muchas veces se ha formado en una zona
colindante con la frontera y en la que el trasiego de
personas es intenso, si bien para exigir derechos hay que
cumplir con obligaciones. Obligaciones de tipo legal, a
nivel de empleados, de instalaciones, de negocio, de
seguridad… de todo.
¿Cuántos establecimientos en el centro de la ciudad pueden
subir la persiana y ponerse a operar sin estar legalmente
cubiertos? Se exige cuando se cumple con la ley y se
respetan las ordenanzas municipales. En otro caso, poca
fuerza tiene quien se maneja en el torbellino de la
ilegalidad, la confusión, el desastre y el chanchulleo más
primitivo.
No se puede tolerar un comercio sin regulación, una
Administración pasiva cuando no tolerante y una aplicación
de la ley “a medida”, con la aplicación más palmaria de la
“ley del embudo”, dejando lo ancho para los comerciantes del
Tarajal y la parte más estrecha y restrictiva para los del
resto de la ciudad.
La actividad comercial es muy loable y más, en tiempos de
crisis, pero no a cualquier precio y sobrepasando todas las
normas habidas y por haber. Mucha culpa de este complejo
galimatías es de la Administración que no acaba de coger el
toro por los cuernos o el problema por derecho. Y nunca
mejor dicho lo de Derecho para hacer cumplir la ley sin
ninguna excusa. Se ha dado el plazo suficiente como para que
el que quiera regularizarse lo haga. Continuar en la
situación de la ilegalidad es una decisión que bien merece
la aplicación de la ley, caiga quien caiga. Sin miedo a las
presiones y sin escatimar esfuerzos.
El polígono del Tarajal no puede ser el “territorio
Comanche” de Ceuta en versión Pérez-Reverte. Y para poner en
orden el Polígono hay que “mojarse” y aplicar y hacer
cumplir las normas. Cualquier otra actuación es demagogia,
confusión e intento de desviar la atención para no asumir
las responsabilidades.
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OPINIÓN
/
ANALISIS
