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El ingreso por IPSI de la venta de ropa y calzado usado
en el polígono del Tarajal fue en 2012 de unos 800.000
euros, mientras que el gasto sólo de la UIP fue de 1.800.000
euros. Por ello, desde la Delegación del Gobierno sostienen
que los ingresos que aporta la actividad comercial del
Tarajal son inferiores a los gastos que generan. Además
-señalan- para que el Tarajal fuese un motor económico para
la ciudad “debería generar puestos de trabajo”. Por su
parte, el SUP reivindica, frente a las acusaciones de los
comerciantes, que la Policía Nacional no es la que debe
velar por la seguridad “de un polígono privado”.
Los comerciantes del polígono del Tarajal reivindican-como
recogía este medio en su edición de ayer- más control en las
naves, en parte, porque consideran que son un motor
económico para la ciudad, a la que dan “mucho dinero”. Desde
la Delegación del Gobierno, sin embargo, rebaten estas
afirmaciones y aseguran que los ingresos que aporta la
actividad comercial del Tarajal son inferiores a los gastos
que genera. Por ejemplo, explican, en venta de ropa y
calzado usados, las naves de los polígonos facturaron en el
año 2012 unos 8 millones de euros, por lo que la aportación
en concepto del IPSI fue unos 800.000 euros; mientras que
“sólo en seguridad de la UIP (Unidad de Intervención
Policial) el gasto fue el año pasado de 1.800.000 euros, a
lo que hay que sumar otros gastos como el de limpieza y
mantenimiento”, apostillan.
Además -señalan- para que el Tarajal fuese un motor
económico para la ciudad “debería generar puestos de
trabajo” y, sin embargo, apenas constan en la Seguridad
Social “la mitad de trabajadores de los locales que hay, y
muchos de estos, no están declarados como zonas de trabajo”.
Fuentes de la Delegación también han informado de que la
Policía Local ha realizado una inspección en estas naves y
de 131 locales inspeccionados (de las 260 que componen la
zona comercial), 55 no tenían licencia de apertura y 11
presentaban irregularidades tales como carecer de seguro o
no cumplir con la ley de riesgos laborales, al no tener, por
ejemplo, extintores, según se refleja en el informe
presentado a dicha institución el pasado día 8. En el mismo
consta, además, que la mayoría de las naves están regentadas
por comerciantes marroquíes con residencia en Ceuta.
Los comerciantes del Tarajal, en voz de su portavoz Mohamed
Ahmed, reivindican no sólo un mayor control, sino una
reunión con la Delegación del Gobierno para abordar estos y
otros asuntos. Sin embargo, desde dicha institución y en
base a este informe presentado por la Policía Local demandan
que antes de solicitar un mayor control por parte las
autoridades, sean los propios empresarios “los que cumplan
con la legalidad”. En ese sentido, además de la carencia de
documentos, la Policía Local ha informado a la Delegación de
otras irregularidades, tales como “incumplimiento de horario
de carga y descarga, carencias de actas laborales, venta
ambulante o generación de residuos”.
La Delegación del Gobierno mantuvo el pasado 23 de enero una
reunión interna entre el gabinete de dicha institución,
Policía Nacional y Local y Guardia Civil para abordar, entre
otros temas, el paso del Biutz, la circulación interna del
polígono, el control de actividades en las naves o la
colaboración directa entre la Policía Local y la Nacional.
Desde dicha institución explican que, tras celebrar esta
reunión, están dispuestos a reunirse con los empresarios del
Tarajal, pero no les consta -matizan- que Mohamed Ahmed sea
el portavoz de la asociación de empresarios del Polígono. De
hecho -explican- en el Registro de la Delegación no hay
datos de representantes “desde 2003”, aunque que les consta
-aseguran- que se constituyó una nueva asociación las
pasadas navidades.
Sin embargo, matizan que la Delegación del Gobierno es
competente tan solo en “seguridad ciudadana y orden
público”, por lo que su intervención responde a que el paso
por el Biutz genera “una masificación de personas” y deben
velar por su seguridad. Los controles en este sentido
aumentaron después de que el 26 de mayo de 2009, dos mujeres
fallecieran en las escaleras del polígono.
Explican que para otros asuntos deben apelar a otros
organismos. En ese sentido se ha creado una comisión para
abordar estos temas, con la inclusión de la Ciudad Autónoma
que es la que debe ser garante de que se cumpla la Ordenanza
reguladora de polígonos con esta actividad.
Respuesta del SUP
Por su parte, desde el SUP (Sindicato Unificado de Policías)
responden a las críticas realizadas por comerciantes acerca
de que la policía esté relacionada con “pequeñas mafias” que
controlan el tránsito de porteadoras. Además de negarlo,
apuntan que desde el sindicato estudian emprender acciones
legales contra estas acusaciones. “De hecho, si algún
comerciantes detecta una irregularidad, que lo denuncie en
un Juzgado”, apunta SUP. En cuanto a la exigencia por parte
de los comerciantes de un mayor control en las naves, el SUP
reivindica que no son los agentes de la Nacional los que
deben velar por la seguridad “de un polígono privado” como
es el del Tarajal.
“Los comerciantes quieren que la Policía actúe como si fuese
un vigilante de seguridad privada, mientras que la labor de
la policía es velar por la seguridad ciudadana”, explica
Jesús González Miaja, secretario general del SUP, quien
señala además que, en opinión del sindicato, la Policía
Nacional “ni siquiera debería trabajar dentro del polígono”.
Por otro lado, demanda a la Delegación que haga un “control
exhaustivo” de los comercios que no se ajustan a la
legalidad.
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