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La reforma hipotecaria que el Gobierno está preparando ya
ha llegado al Congreso. El texto contempla limitar los
intereses de demora y retrasar el proceso de desahucio hasta
que se produzca el tercer impago por parte del deudor. Para
el diputado ceutí Francisco Márquez y el senador José Luis
Sastre esto supone un paso adelante para evitar que el
número de desalojos siga aumentando y para facilitar a los
ciudadanos el pago de sus hipotecas para que no pierdan su
vivienda habitual.
La reforma hipotecaria que pretende llevar a cabo el
Ejecutivo nacional ya ha llegado al Congreso. El Gobierno ha
presentado el proyecto de ley de medidas urgentes para
reforzar la protección a los deudores hipotecarios y que el
desahucio “no se lleve a cabo”. El objetivo es que en marzo
ya pueda entrar en vigor esta ley que ha salido del Senado
pactada por todos los grupos y que ahora se votará en el
Congreso.
Para el diputado ceutí Francisco Márquez, esta ley llega con
retraso y reprocha al gobierno anterior no haber actuado
ante esta situación. “Después de años en los cuáles el
anterior gobierno no hizo absolutamente nada en relación al
problema que ya tenía encima del gran número de desahucios
en primera vivienda, el Ejecutivo de Mariano Rajoy se ha
mostrado sensible con los problemas de los ciudadanos”,
señala el popular para recordar que a los tres meses de
tomar posesión, el Ejecutivo puso en marcha el Código de
Buenas Prácticas hipotecarias.
Entre las medidas que proponen los populares en este
proyecto está limitar los intereses de demora que exigen las
entidades de crédito y que para Márquez se llegan a regir
por criterios de “usura” en muchas ocasiones. Además,
también se limitarán los plazos de amortización de la deuda
a 30 años. El objetivo, según explican los populares, es
“evitar el endeudamiento desorbitado”. “Lo que pretendemos
es que la palabra desahucio, aunque esté ahí, no se lleve a
cabo y que los bancos intenten llegar a acuerdos para
facilitar el pago de la hipoteca al deudor”, explica el
senador ceutí José Luis Sastre. Y es que el parqué de
viviendas ya está saturado y el desahucio ya no es una
opción para los bancos, que necesitan liquidez.
Otra de las medidas será ampliar el Código de Buenas
Prácticas hipotecarias para que más personas puedan
beneficiarse de la reestructuración de deuda o la dación en
pago. El umbral de ingresos se elevará de los actuales
16.000 euros anuales y se adaptará a en función de cada
situación familiar.
Con esta nueva ley en vigor los jueces podrán condonar la
deuda que le reste a los deudores de buena fe, aquellos que
no puedan pagar sus deudas por causas imprevistas. Se
perdonará todo lo que exceda del 75% a partir del quinto año
de vida de la hipoteca, y del 80% si la hipoteca impagada
tiene más de diez años.
Por último, el proceso de desahucio no comenzará hasta el
tercer impago del deudor y no en el primero, como hasta
ahora. “Son pasos adelante muy importantes, pero habrá que
esperar al término del proceso parlamentario para poder
valorar el conjunto de la ley que va a entrar en
tramitación”, señala cauto Márquez. En Ceuta, apenas se han
registrado desahucios.
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parlamentarios ceutíes
