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La Setencia judicial no ha dejado contentos ni a los
demandantes, los catorce trabajadores integrantes de la
antigua Unidad de Promoción y Desarrollo (UPD) ni tampoco a
la propia Delegación que recurrirán el fallo judicial, que
declaraba ilegal e improcedente el despido de los 14
trabajadores.
Los trabajadores de la antigua Unidad de Promoción y
Desarrollo recurrirán la Sentencia del Juzgado de lo Social
de Ceuta para que se declare su despido no “improcedente”,
como ha dictaminado el Juzgado de los Social de Ceuta sino
“nulo y político”, por entender que se dan una serie de
circunstancias concretas que así lo determinan. Por su
parte, Delegación del Gobierno, tampoco se muestra conforme
con la condena, ya que el veredicto le obliga a bien a la
readmisión de todos ellos o a pagarles un total de 300.000
euros como indemnización.
Los trabajadores consideran que la única solución sería la
vuelta a sus puestos de trabajo y por tal razón, apelarán la
Sentencia del Juzgado de lo Social de Ceuta, para que se
declare nula la rescisión de sus contratos.
El juzgado de lo Social ha estimado que los contratos de
carácter indefinido, no se podían terminar salvo por la
amortización de las plazas o la cobertura de los puestos, y
cuyas circunstancias no han concurrido en este caso.
Por todo ello, la plantilla peleará por sus contratos
dándole un carácter político su rescisión, por entender que
el único objetivo era eviatar que una diputada socialista,
Milagros García, conociera cómo se realizaban los Planes de
Empleo desde la Ciudad Autónoma de Ceuta, según la versión
del letrado de la defensa del colectivo laboral, Ramón Lladó.
En opinión de los trabajadores de la Unidad de Promoción y
Desarrollo, ellos no han sido los únicos afectados por este
conflicto, ya que consideran que hubo otras víctimas de este
asunto como el conjunto de la sociedad y los propios
trabajadores del Plan de Empleo. Hasta el momento de su
rescisión de contratos, formaban parte de la estructura de
la Delegación del Gobierno de Ceuta, y se ocupaban de la
gestión de los Planes de Empleo financiados por el Estado
hasta este último año.
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Una Sentencia que no deja contento a nadie
La sentencia del Juzgado de los
Social de Ceuta ha tenido la facultad de dejar descontentas
a las dos partes: a una por defecto y a otra por exceso.
Para los trabajadores afectados de la Unidad de Promoción y
Desarrollo por estimar que es insuficiente su fallo para que
sean readmitidos -cosa que saben que no se produciría-, o
indemnizados, ya que los 300.000 euros totales los
consideran insuficientes para el perjuicio que consideran se
les ha hecho y, por otra parte, Delegación del Gobierno
tampoco da por buena la Sentencia judicial, por estimar que
no procede readmitirlos o indemnizarlos. En este caso,
Delegación del Gobierno se aferró a que finalizó el período
laboral de los 14 trabajadores que se atenían a un convenio
y que una vez reanudado, se consideró que había de tener
otra fórmula laboral.
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