sociedad - SÁBADO, 9 DE FEBRERO DE 2013

CEUTA
José Manuel Rincón
ceuta@elpueblodeceuta.com

Las centrales sindicales han mostrado su rechazo a la postura del Gobierno de Vivas a crear cuatro plazas de libre designación para renombrar a los actuales subdirectores generales, coordinadores de área. A este respecto los sindicatos consideran que la Ciudad podría estar incurriendo en una presunta “prevaricación y tráfico de influencia” de ahí que hayan dado a conocer esta situación a sus respectivos gabinetes jurídicos con el fin de que estudien esta situación, no descartando volver a llevar a la Ciudad a los Tribunales. Además de los sindicatos, UPyD también ha criticado la decisión tomada por el Ejecutivo local.

Finalmente la Ciudad Autónoma confirmaba ayer lo anunciado por EL PUEBLO hace unos días y los cuatro subdirectores generales serán cesados por el Consejo del Gobierno para posteriormente crearles cuatro plazas de libre designación y nombrarles coordinadores de área, de esta manera el Ejecutivo presidido por Vivas evitaría la sentencia en firme emitida por el Juzgado de lo Social y en la que se declaraba nulo de pleno derecho el nombramiento de subdirectora general de Empleo de Adelaida Álvarez.

Tras este anuncio realizado ayer por el portavoz del Gobierno local, Guillermo Martínez, tras el Consejo de Gobierno, la reacción de los sindicatos no se ha hecho esperar y confirmaron lo ya desvelado ayer por este medio y todos han coincidido en afirmar que han puesto en conocimiento de sus respectivos gabinetes jurídicos esta cuestión ya que consideran que la decisión adoptada por el Ejecutivo podría volver a ser ilegal e incluso podría considerarse como “prevaricación y tráfico de influencia”. A este respecto, desde la UGT se ha recordado que hace aproximadamente una semana se presentó por Registro un escrito solicitando a la Secretaría General de la Ciudad Autónoma que facilitara los nombres y apellidos de todos y cada uno de los integrantes del Consejo de Gobierno del día 24 de agosto en el que se acordó el nombramiento de Adelaida Álvarez como subdirectora general de empleo ya que se encontraba estudiando presentar una denuncia por prevaricación y tráfico de influencia contra estas personas y la propia Álvarez. Ahora, tras la decisión tomada por el Gobierno, desde la UGT se considera que “el Ejecutivo lejos de subsanar la ilegalidad y acatar la sentencia podría estar agravando la situación e incluso podría estar incurriendo en desacato”.

Por su parte, CSI-F mantuvo el tono contundente con el que se ha venido manifestando ante esta situación y consideró que el “Gobierno de Vivas tendría que acatar simple y llanamente la sentencia emitida por el juez o recurrirla si cree que tiene la razón, pero no inventarse estrategias evasivas sobre este aspecto”. Además se volvió a insistir que “definitivamente será el error político más grave del presidente Vivas y esto, con toda seguridad, le pasará factura”.
 

UPyD: “La Fiscalía debería actuar de oficio ya que estos actos son públicos y causan alarma social”

No sólo fueron los sindicatos los encargados de mostrar su rechazo ante la decisión del Gobierno sobre los subdirectores generales e igualmente UPyD también salió a la palestra y a través de un comunicado de prensa criticó “la reiteración y empecinamiento de la Presidencia de la Ciudad Autónoma en seguir manteniendo en cargos públicos a los anteriores subdirectores generales de la Administración Local y Autónoma de Ceuta”, a la vez que anunciaba que ha remitido a sus servicios jurídicos estos hechos producidos ayer al considerar que los mismos podrían incurrir en “posibles actos en fraude de ley, ya que no se acatan las sentencias por parte del ejecutivo local”. A este respecto, desde la dirección del partido en Ceuta se sopesa que “podrían existir presuntos delitos de desacato a la autoridad judicial, y en su caso si existe dolo, presuntos delitos de prevaricación y presuntos delitos de tráfico de influencias”. Desde la UPyD se considera “inaudito que a pesar de ser sentenciado por la autoridad judicial, la Ciudad Autónoma persista en nombrar miembros de su partido sin otro requisito, saltándose a la torera los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en la selección de empleados públicos. Igualmente la directiva de UPyD considera que la Fiscalía de Ceuta “debería actuar de oficio ya que estos actos son públicos y notorios y causan alarma social evidente”. Finalmente UPyD-Ceuta manifiesta en su nota de prensa que “está con los ciudadanos y con la igualdad ante la ley de todos los españoles y no la imposición dictatorial por ganar las elecciones” y recuerda que en este momento UPyD a nivel nacional se ha querellado contra numerosos miembros del Consejo de Administración de Bankia, de Caja Segovia y de Caja Cívica, querellas que todas ellas han sido admitidas.