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El portavoz del Gobierno de la Ciudad y consejero de
Economía, Hacienda y Recursos Humanos, Guilermo Martínez,
anunció ayer en rueda de prensa su compromiso para estudiar
el retraso en el pago a proveedores ya que afirmó “conocer”
el caso de una pequeña empresa que no ha cobrado facturas de
los últimos meses.
“Conozco el caso de una empresa” a la que no se ha abonado
el pago de facturas correspondientes a meses anteriores.
“Estoy en conversaciones con Intervención para intentar ver
exactamente cuál ha sido el problema; puede ser que haya más
facturas pendientes de alguna otra empresa pero
personalmente tengo conocimiento de una de ellas”. Con estas
palabras, el portavoz del Gobierno de la Ciudad y consejero
de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, Guillermo
Martínez, anunció ayer su intención de agilizar los trámites
para que todas las pequeñas y medianas empresas de la ciudad
cobren en el plazo establecido por la Ley.
“Mi compromiso es ver qué problema existe en Intervención
para poder pagar estas facturas y evidentemente se afrontará
el pago a corto plazo; si evidentemente hubiera alguna otra
pequeña empresa que tuviera ese problema”, el portavoz
informó de que se cumpliría con el mismo procedimiento.
En relación al pago a las grandes empresas, el portavoz
recordó las facturas pendientes, por ejemplo, con la
anterior adjudicataria del servicio de limpieza, Urbaser, en
el ámbito de la planta de transferencia. “Estas cantidades
que se les adeudan van a ser satisfechas en las próximas
semanas o en el mes de marzo”, afirmó. También recordó en
este caso a la Empresa de Alumbrado. Martínez también tuvo
palabras de respuesta hacia el diputado de Caballas, Juan
Luis Aróstegui, tras las críticas de la rueda de prensa de
la pasada semana sobre los 7 millones de euros que la
coalición aseguraba que se encontraban sin consignación.
Aróstegui también criticó las facturas pendientes de pago, a
lo que Martínez respondió: “No tengo ningún problema en dar
la información que consta en el expediente en el que se
recoge el superávit de 22 millones y reconoce formalmente
que sí existe esa cantidad hasta el punto de que quiere
traer una propuesta demagógica para que esos 22 millones se
destinen a políticas activas de empleo”, tal y como informó
a EL PUEBLO la pasada semana.
“Existen deudas por importe de 7 millones de euros
aproximadamente y que fundamentalmente son deudas,
prácticamente en su totalidad, pendientes con Urbaser”. “El
motivo de ese desfase, que está descontado de esos 22
millones, es consecuencia de que son contratos de extractos
sucesivos y que se han pagado en enero, febrero y marzo
facturas pendientes de ejercicios anteriores”, aseveró.
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Un “desfase” de 7 millones de euros “ya contemplado”
El “desfase” de 7 millones de
euros ya se ha incluido, según Guillermo Martínez, en el
superávit anunciado de 22 millones de euros, a pesar de que
el diputado de Caballas, Juan Luis Aróstegui, criticara esta
situación en una rueda de prensa pasada. “El señor Aróstegui
se ha metido ahora a jurista y a interpretar pliegos de
condiciones y la Ley de Contratos de la Administración; el
informe del Interventor, el de Secretaría General, el del
director general de Presupuestos, el de los técnicos de
Contratación, sorprendentemente, no coinciden con lo que
dice el señor Aróstegui, que dice que no es legal la
revisión de precios”. “Que no le quepa duda a nadie que el
primer interesado en no hacer esta revisión es el Gobierno
pero es que es una obligación contractual que establece la
Ley y el propio pliego de condiciones”.
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COMPROMISO
