La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha registrado una
proposición no de ley para su debate en la Comisión de
Empleo del Congreso en la que pide al Gobierno que renegocie
los convenios y acuerdos bilaterales con Marruecos con el
objetivo de mejorar las condiciones laborales de los
trabajadores transfronterizos de la construcción de Ceuta y
Melilla, a los que considera discriminados “por el hecho de
no ser comunitarios”.
La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha registrado una
proposición no de ley para su debate en la Comisión de
Empleo del Congreso en la que pide al Gobierno que renegocie
los convenios y acuerdos bilaterales con Marruecos con el
objetivo de mejorar las condiciones laborales de los
trabajadores transfronterizos de la construcción de Ceuta y
Melilla. Según consta en la iniciativa, que recoge Europa
Press, más de 4.000 marroquíes cruzan a diario las vallas
que separa estas ciudades de Marruecos para trabajar, en lo
que constituye “uno de los principales motores” económicos
para estas poblaciones. Sin embargo, estos trabajadores
“sufren una discriminación laboral por ser nacionales de un
país no comunitario como Marruecos”.
El Reglamento sobre derechos y libertades de los extranjeros
en España y su integración social regula la figura de los
trabajadores transfronterizos y la prestación transnacional
de servicios, y establece que el efecto de la autorización
de trabajo es como máximo de un año “cuando antes era de
cinco”, lo que supone una “merma en sus ingresos por la
elevada cuantía de las tasas de tramitación”. Además, dado
que el Convenio de Doble Imposición no contiene
disposiciones sobre la tributación de estos trabajadores, se
les aplica el 24,75% del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, a pesar de que otros ciudadanos no españoles
-residentes en Francia o Portugal- sólo están sometidos a la
imposición del país donde viven.
Los marroquíes también sufren retenciones del IRPF pese a no
tener derecho a presentar Declaración de la Renta, ni a la
prestación por desempleo a pesar de cotizar, o se les aplica
“con arbitrariedad” la asistencia sanitaria.
Todo ello supone, según la Izquierda Plural, “una
discriminación flagrante y un agravio comparativo con el
resto de trabajadores por el solo hecho de ser nacionales de
un país no comunitario”, por lo que se exige al Gobierno que
“aborde la modificación de los convenios bilaterales y la
legislación interna”.
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