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Frente a los debates que piden unos y los discursos que
hacen otros, el Gobierno hace frente a la corrupción con
hechos:
Ha llevado a trámite la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno, como antídoto contra la
corrupción.
Supone un primer paso esencial, porque para perseguir los
delitos de corrupción primero hay que conocer su foco de
origen. Con este propósito, a partir de la aprobación de
esta ley se publicarán de la “A a la Z” todas las
subvenciones y contratos de la Administración Pública.
Por primera vez, se ha elevado a rango de ley los principios
de Buen Gobierno, que incluyen sanciones a cargos públicos
si se incumplen. Con esta medida, un cargo público que
incumpla estos principios podrá ser inhabilitado
temporalmente de su cargo.
Ha recuperado la responsabilidad penal de los partidos
políticos, que se había eliminado en 2010 con el Gobierno
socialista al frente.
Ha modificado la ley de financiación de partidos para que
sus cuentas sean más transparentes: Ya no se admiten
donaciones de más de 50.000 euros, deben publicar sus
cuentas una vez pasen por el Tribunal de Cuentas, no se
pueden condonar deudas por más de 100.000 euros y el
Tribunal de Cuentas puede sancionar a partidos por gastos
electorales.
Ha introducido medidas en el Código Penal contra el
falseamiento y ocultación de cuentas públicas.
Ha iniciado el Pacto Anticorrupción, que ya solicitó desde
la oposición. El Gobierno está en diálogo con todas las
formaciones para poner en marcha un Pacto Anticorrupción con
el mayor consenso posible. En esta línea, el Gobierno ha
encargado un informe al Centro de Estudios Políticos e
Constitucionales, que servirá de base para el acuerdo entre
todos.
Aprobó una regularización fiscal como medida extraordinaria
en un momento extraordinario.
Surgió de la necesidad de corregir un agujero del 3% del PIB
en las cuentas del Gobierno del PSOE, que este Gobierno
afloró. La regularización no es opaca: La Agencia Tributaria
tiene todos los datos de las personas que se han acogido a
la regularización fiscal, a diferencia de las amnistías del
PSOE, que no sólo eran opacas, sino que pagaban intereses.
La regularización es perfectamente compatible con la Ley de
prevención del blanqueo de capitales.
España no es el único país que ha hecho una regularización
fiscal: Alemania, Reino Unido, Italia, Bélgica, Estados
Unidos, Canadá o Australia. No es una medida aislada: Va
acompañada de un intensificación de la lucha contra el
fraude fiscal que ha permitido recaudar más de 11.500
millones de euros, al margen de la Declaración Tributaria
Especial.
Soraya Sáenz de Santamaría: “La corrupción no entiende de
colores, nos afecta a todos los partidos por igual”. “Para
reprender al Gobierno en materia de corrupción hay que estar
libre de falta, por lo que el PSOE no está en condiciones de
hacerlo”.
El objetivo del Gobierno es encontrar el mayor consenso
posible entre todas las formaciones políticas para acabar
con un problema que afecta a todos.
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OPINIÓN
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COMUNICADO
