El Grupo Caballas a través de un comunicado ha informado que
tiene constancia de que tanto la Dirección Provincial de
Educación y el Gobierno de la Ciudad están vulnerando los
derechos de unos menores que por diversas cuestiones se les
está impidiendo que sean escolarizados. El grupo ha instado
a que se adopten las medidas pertinentes para regularizar
esta situación o lo notificará a la fiscalía.
Caballas presentó ayer en el Registro de la Ciudad Autónoma
de Ceuta un escrito por el que solicita que se tomen las
medidas pertinentes con el fin de regularizar una situación
por la que están afectados varios menores en edad escolar, y
que por motivos “incomprensibles” están sin escolarizar.
A este respecto, el Grupo Caballas destaca que ha tenido
conocimiento, a través de las manifestaciones de los propios
afectados, de que en la actualidad existen menores en edad
escolar, cuyas familias tienen permiso de residencia
expedido por el Gobierno de la Nación con todos los
pronunciamientos legales, que residen en Ceuta, y a los que
se les está impidiendo el ejercicio de derecho a la
educación contemplado en la Constitución. A este respecto,
desde el Grupo Caballas se ha resaltado que “las dos
administraciones, Dirección Provincial de Educación y el
Gobierno de la Ciudad, de manera conjunta aunque no sabemos
si pactada o casual, aplican un diabólico plan basado en
decisiones de muy dudosa legalidad y, sin ninguna duda,
absolutamente inmorales que vulneran los derechos de los
menores”. Tal y como afirma Caballas a través del comunicado
de prensa emitida ayer, “la Dirección Provincial del
Ministerio de Educación, sin sujetarse a ninguna norma,
exige para escolarizar a los menores el empadronamiento, un
requisito no lega, que el Ayuntamiento demora sine die,
poniendo trabas y excusas administrativas”, algo que según
Caballas desconoce si “siguiendo directrices posibles”.
La única conclusión que saca Caballas de todo este asunto es
que “estos menores no están recibiendo la educación a la que
tienen derecho”, de ahí que haya solicitado que “a la mayor
brevedad posible, se adopten las medidas pertinentes para
regularizar esta situación”, advirtiéndose que, en caso
contrario, pondrán los hechos en conocimiento de la fiscalía
para que actúe en consecuencia.
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